Las tensiones entre el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema no son nuevas. Y se repiten especialmente en la discusión presupuestaria, año tras año. Ayer, hubo un hecho puntual que activó el cortocircuito. El sistema informático Lex 100, que utiliza el poder judicial, se cayó, y el trabajo de todos los juzgados federales y nacionales del país se vio limitado. A través del Centro de Información Judicial, la Corte responsabilizó del caos a la Magistratura, con tres comunicados. Y declaró el día como "inhábil" por las fallas del Data Center, que "depende del Consejo de la Magistratura".

El sistema informático, el cual es utilizado por los jueces para cargar resoluciones, notificaciones o bien inscribir fojas de las causas, permaneció durante toda la jornada inactivo, lo que provocó limitaciones en el funcionamiento judicial.

Fue artillería pesada la que tiró el máximo tribunal contra el cuerpo que se encarga de designar y remover jueces. "El problema surge de la desinversión en la actualización de la infraestructura informática por parte del Consejo de la Magistratura, circunstancia que se ha comunicado reiteradamente a las autoridades" de aquel organismo, sostuvo la Corte Suprema.

El informe del máximo tribunal llevó la firma de Eduardo Parody, coordinador de la Comisión Nacional de Gestión; y de Andrés Sacchi, director de Sistema del alto tribunal. Por su parte, desde el Consejo de la Magistratura informaron que, "con motivo de las interrupciones en el servicio de redes y sistemas informáticos del Poder Judicial a causa de fallas de equipamiento, se han adoptado y se encuentran en curso diferentes medidas de emergencia a fin de superar el inconveniente con la premura que el caso requiere".

Desde Magistratura sostuvieron que hoy se normalizará el servicio y rechazaron que, como trascendió informalmente, el Consejo le esté reclamando dinero a la Corte. Admitieron que durante muchos años hubo "desinversión", pero explicaron que en el tiempo de gestión que lleva adelante Miguel Piedecasas se avanzó en una licitación del nuevo sistema, de acuerdo a lo coordinado con el Ministerio de Justicia.

También alimentó las críticas al Consejo un comunicado del gremio que agrupa a los trabajadores judiciales y que conduce el gremialista Julio Piumato, que reclamó que se declare feria judicial para todos los tribunales del país y cuestionó que el hardware "debió ser reemplazado hace diez años por el Consejo de la Magistratura". "El funcionamiento calamitoso del Lex-100 (nombre del sistema caído) esconde casi una década de desinversión en todos los aspectos", sostuvo el sindicato.

Fuentes de la Corte, en tanto, insistieron en que el tribunal no tiene ninguna injerencia sobre el funcionamiento del sistema y sostuvieron que, según la ley de autarquía del Poder Judicial de la Nación, es el Consejo el que debe hacerse cargo del mantenimiento con los recursos que le traspasa el Estado.

La Magistratura tiene un presupuesto propio de casi $ 30.000 millones, de los cuales la mitad se utilizan para cubrir las denominadas "actividades centrales", entre las que figuran los fondos para el sector informático, aunque no se desglosa cuánto es exactamente. El resto corresponde al desarrollo de la Justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, Federal y de Casación