En esta noticia
Luego de la suspensión preventiva del Régimen Penal Juvenil que aplicó la jueza Marta Elba Pascual en la Provincia de Buenos Aires, Patricia Bullrich deslizó que la magistrada actuó en complicidad con Axel Kicillof, quien rechazó la norma que redujo la edad de imputabilidad a los 14 años.
Durante una entrevista por TN, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado fue consultada por la posible intervención del gobernador en la cuestión y respondió de manera contundente: “No tengo la menor duda”.
“Como ellos no la votaron [a la ley], mandan a una jueza amiga del peronismo en la provincia de Buenos Aires, amiga del kirchnerismo”, aseveró Bullrich y mencionó como ejemplo que a la jueza “se la ve hablando” con Julián Álvarez, exsecretario de Justicia durante el gobierno de Cristina Kirchner y actual intendente de Lanús.
Por su parte, cuestionó la competencia de la jueza provincial para frenar la medida y aseguró que “no le corresponde decidir sobre una ley de Nación”. “No tiene control de constitucionalidad, ni capacidad de decidir que no la va a aplicar por 2 meses (en Provincia de Buenos Aires)”, remarcó.
La resolución judicial en cuestión se dictó este lunes por la titular del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, quien resolvió suspender preventivamente por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en el territorio bonaerense.
La medida surge tras un habeas corpus preventivo colectivo y pone el foco en una advertencia estructural: el actual sistema de privación de la libertad de la provincia no cuenta con las condiciones materiales, institucionales ni profesionales para absorber el incremento de detenidos que supondría la nueva normativa.
El dictamen se conoció apenas dos días después de la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil.
“Está buscando generar una zozobra sobre un tema que es absolutamente fundamental en la Argentina: que el que las hace, las paga”, dijo Bullrich.
Ante los argumentos sobre la falta de presupuesto para la puesta en marcha, la legisladora rechazó la justificación del oficialismo bonaerense. Sostuvo que las partidas asignadas existen y que las provincias deben asumir la responsabilidad frente a las demandas de la sociedad.
“Empiezan a hablar siempre del mismo tema: ‘Bueno, no tenemos el dinero’. No solamente hay dinero, sino que además hay una responsabilidad frente a la sociedad. Eso es lo más importante”, insistió.
Cuáles son los cambios que impulsa la Reforma Penal Juvenil
El gobierno de Javier Milei reglamentó este lunes la Ley 27.801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa había sido sancionada en febrero de este año y entró en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial, el pasado 9 de marzo.
De acuerdo con el texto, “el régimen de penas deberá orientarse siempre a la educación y resocialización, a fin de que el adolescente imputado obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada. Además, deberá tender a disminuir el riesgo de que incurra en la comisión de nuevos delito”.
La normativa señala que la privación de la libertad será el último recurso a aplicar, y por el tiempo más breve posible, y aclara que “la restricción de la libertad durante el procedimiento deberá decretarse en auto motivado y fundamentarse en la existencia de riesgos procesales debidamente constatados”.
Con respecto a los lugares de alojamiento, en caso de que sea indispensable su encierro, indica que deberá hacerse en dependencias acondicionadas especialmente para ese fin, quedando prohibido dicho alojamiento junto a personas mayores de edad.
El punto más sensible del debate es, sin dudas, la baja de la edad de imputabilidad. El Gobierno sostiene que un adolescente de 14 años comprende la criminalidad de sus actos y debe asumir consecuencias penales si comete delitos graves. Desde esa perspectiva, la reforma busca elevar los costos del delito juvenil y enviar una señal clara de autoridad del Estado.