El último informe de la Oficina Nacional de Presupuesto sobre la ejecución al cuarto trimestre de 2025 confirma un cambio que ya no es marginal: el déficit operativo de las empresas públicas se achicó considerablemente y además dejó de ser un fenómeno generalizado y pasó a estar concentrado en pocos jugadores. El rojo operativo consolidado del sector, en torno a u$s 1.093 millones según los datos disponibles, es sensiblemente menor al de años anteriores. La dinámica es consistente con lo que muestran las estadísticas oficiales: una caída muy marcada del desequilibrio, incluso del orden del 80% en algunos tramos del año. El resultado operativo es la diferencia entre los ingresos que generan específicamente por su operación, y lo que gastan en mantener dicha operación. Para los casos de empresas deficitarias, la diferencia se cubre con aportes del Tesoro Nacional. La secuencia de los últimos años es elocuente: En 2019 el rojo operativo fue de u$s 2318 millones, saltó a 2334 millones en 2020, creció a 3767 millones en 2021, se disparó a 6481 millones en 2022, bajó algo a 5440 millones en 2023 (último año de Alberto Fernández) y luego vino la motosierra: déficit de 2277 millones en 2024 y 1092 millones en 2025. También se redujo considerablemente el número de puestos de trabajo: en 2022 se registraban 93.077 empleados. En 2025 cayeron a 73.200 puestos de trabajo. Pero más relevante que el número agregado que arrojan los balances de estas empresas es su composición. El déficit hoy tiene nombre y apellido. La mayor parte se explica por dos sectores: energía y transporte ferroviario. ENARSA acumula pérdidas cercanas a u$s 836 millones, vinculadas fundamentalmente al sostenimiento de subsidios al consumo de gas. El año pasado, por ejemplo, importaron gas licuado en 27 barcos. Lo pagaron 14 dólares el millón de BTU y lo vendieron al mercado local a 4 dólares, según fuentes del sector. Del otro lado, Operadora Ferroviaria y el sistema de trenes concentran un rojo superior a los u$s 900 millones, explicado por la política de tarifas subsidiadas en el transporte público. El tema transporte está hoy presente por la reducción de frecuencias de las líneas de colectivos urbanas, reacción de las empresas ante el aumento del gasoil y la escasez de subsidios, por lo menos para el transporte automotor de pasajeros. El resto del universo de empresas estatales muestra un patrón distinto. Muchas compañías que históricamente operaban con déficits crónicos redujeron fuertemente sus pérdidas o directamente pasaron a terreno positivo. De hecho, de las 32 firmas no financieras del Estado, una mayoría ya presenta resultados favorables, compensando el rojo de las rezagadas. Hay casos emblemáticos. Aerolíneas Argentinas logró revertir una racha de más de una década en rojo y encadenar resultados operativos positivos. AYSA, Correo Argentino y Administración General de Puertos también muestran superávit, algo que hasta hace poco era la excepción y no la regla. El Correo registró una fuerte reducción de personal. En cuatro años bajó de 18.000 a 11.000 empleados. Y alcanzó un superávit operativo por primera vez en muchos años: llegó a los u$s 156 millones de dólares. En la empresa dijeron que los ingresos del Correo Argentino provienen de los servicios tradicionales (Postal y telegráfico) que explican el 51% de sus ingresos, , seguidos por los servicios de Paquetería y logística con una participación del 43%. Detrás de este giro hay tres vectores claros. El primero es el ajuste del gasto. La reducción de costos operativos fue agresiva y transversal, con impacto directo en la dotación de personal. Los datos oficiales muestran recortes de empleo de dos dígitos en varias compañías, una señal inequívoca del cambio de régimen. El segundo es la caída de las transferencias del Tesoro. Durante años, el déficit de las empresas públicas funcionó como una extensión automática del déficit fiscal. El nuevo esquema invierte la lógica: el Tesoro deja de cubrir pérdidas y obliga a las empresas a cerrar sus cuentas con ingresos propios. En 2025 recibieron 2,6 billones de pesos. El grueso del dinero fue para Enarsa y la operadora ferroviaria. El tercero, y probablemente más determinante, es la recomposición tarifaria. Energía, agua, transporte y servicios ajustaron precios, reduciendo subsidios y trasladando parte del costo a los usuarios. No es un cambio menor: implica redefinir el contrato económico entre Estado, empresas públicas y consumidores. El resultado es una reversión -incompleta, pero significativa- de los déficits estructurales. Donde antes había un problema sistémico, hoy hay focos específicos asociados a decisiones de política pública: subsidiar gas o transporte implica, necesariamente, sostener déficits en las empresas que canalizan esos subsidios. En paralelo, el saneamiento de las empresas públicas se inscribe en un proceso más amplio: el retorno del superávit fiscal del Sector Público Nacional tras más de una década. En ese marco, las empresas dejaron de ser un factor desestabilizador de las cuentas públicas. El desafío hacia adelante no es menor. La mejora de resultados descansa en tres pilares: tarifas más altas, menor empleo y menos asistencia estatal, que tienen límites políticos y económicos. La pregunta ya no es cómo reducir el déficit, sino hasta dónde es sostenible hacerlo sin afectar acceso, calidad y cobertura de servicios. La “motosierra” ordenó las cuentas. Ahora empieza la etapa más compleja: definir qué empresas públicas quiere, y puede, sostener la Argentina.