Semanas atrás, cerca de Javier Milei dieron a entender que el Gobierno Nacional avanzaría con la reorganización y/o disolución de cerca de 60 organismos de la administración pública nacional. Días después de que se conociera la información, el Gobierno oficializó la disolución de dos entidades, ambas anunciadas con bombos y platillos por parte de los funcionarios que son las caras de la desregulación del Estado.
Ambas decisiones fueron tomadas el martes de la semana pasada. Y es que el presidente Javier Milei decretó la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y del Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable Troncal (ECOVINA). A partir de ahora, las funciones de estas dependen del Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, respectivamente.
Y es que el Gobierno busca disminuir la cantidad de empleados públicos a través de una reducción de las áreas del Ejecutivo, tal y como sucedió en los dos casos aludidos anteriormente. En el caso del INADI, desde la mesa chica de Milei lo decidieron por no creer en la existencia de una entidad como esa para resolver problemáticas como el racismo o la discriminación. En cuanto a la ECOVINA -justifican desde el Gobierno- la Subsecretaría de Puertos ya cumplía informalmente el rol de regulador de la hidrovía.
Nuevas disoluciones: el pedido de Javier Milei a sus ministros
El Presidente no está en el análisis punto por punto de cada uno de los organismos a cerrarse o fusionarse. Esto es algo que surge de la consigna de reducir el tamaño del Estado, la cual ahora está a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Aun así, Milei sí impartió la directiva para empezar a hacer filtros y decidir nuevas disoluciones. En la reunión de Gabinete que se hizo el martes de la semana pasada, les pidió a sus ministros que avancen en la confección de un listado de los posibles organismos que pueden ser disueltos o agrupados; todo a los fines de seguir reduciendo la dotación y el organigrama del Estado. Es un relevamiento que Federico Sturzenegger seguirá negociando con cada ministerio.
"Lo de eliminar 60 organismos resulta impracticable. Van a ser menos", dijo una alta fuente del gobierno a El Cronista. La prioridad será reducir aquellas áreas que "tengan competencias duplicadas".
Tomando el caso del INADI, el Gobierno anunció las primeras medidas de su vaciamiento en febrero. En paralelo, esto se vio acompañado por una la reducción de diferentes programas de género. Según la ACIJ, el presupuesto disponible para 2024 es 62% más bajo que en 2023.
Según el círculo mileista, las prevenciones contra la violencia de género o la discriminación deben subsumirse a unas pocas políticas y no precisan un área específica. Ejemplo de eso fue lo decidido en junio por Mariano Cúneo Libarona, cuando disolvió la subsecretaría contra la Violencia de Género. Tanto esas funciones como el INADI dependerán de unidades menores.
Los organismos que se planean disolver también responden la misma dinámica. En mayor medida, hay dos características que aumentan de manera considerable sus chances de ser elegidos: que dupliquen tareas con otras áreas y/o que sean entes a los cuales el Ejecutivo no está interesado en confeccionar políticas. Ejemplos de esta son el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventud (Injuve).
"Hay un total de 70 organismos, algunos son AFIP, ANSES, RENAPER... y sus derogaciones no son una posibilidad. Además, tenés varios organismos blindados por la Ley Bases. Eso hace que sean acotadas las reformas que podés hacer como para llegar al número de 60, pero Javier ya les pidió a los ministros un listado exhaustivo en donde seguir recortando", indicaron a El Cronista fuentes inobjetables del Gobierno.
Aunque en Casa Rosada dicen estar "cargados" de nuevas desregulaciones y disoluciones, marcan que no se conocerán mayores novedades en el corto plazo.
De igual manera, el ministerio a cargo de Sturzenegger publicó esta semana en el Boletín Oficial la letra chica del régimen de disponibilidad del Artículo 11 de la Ley de Empleo Público. Aunque el mecanismo ya existía nunca se había reglamentado, y es que el gobierno quiere tenerlo listo de cara a los futuros desplazamientos que se conocerán en los próximos meses.
"Se reglamenta el proceso de disponibilidad. Cuando una unidad se elimina o está sobredimensionada, el personal puede ser puesto en disponibilidad. Durante el periodo de disponibilidad cobrará el sueldo, dependiendo de su antigüedad, por un período de hasta 12 meses", resumió el titular de la cartera nacional Federico Sturzenegger desde su cuenta de X.
