El proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso incorpora una modificación que podría cambiar el esquema de protección social de millones de familias, ya que elimina la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
La iniciativa, que ya comenzó a debatirse en Diputados, también afecta a las asignaciones familiares, que actualmente se ajustan mensualmente por inflación lo que generó preocupación entre organizaciones especializadas en políticas de infancia
UNICEF Argentina y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtieron que la eliminación de ese mecanismo, contemplada en el artículo 17 del proyecto, podría comprometer el poder adquisitivo de las prestaciones y debilitar una de las principales herramientas de protección de ingresos de los hogares más vulnerables.
Según el análisis de ACIJ, unos 4 millones de niñas, niños y adolescentes reciben la AUH y la Prestación Alimentar, en un país donde 5,5 millones de menores de edad viven en hogares pobres y 1,3 millones se encuentran en situación de indigencia.
La preocupación se concentra en que, de aprobarse el cambio, los aumentos dejarían de estar garantizados por una fórmula legal y pasarían a depender de decisiones del Poder Ejecutivo.
Esto no implica necesariamente un congelamiento de las prestaciones, pero sí elimina la obligación de actualizarlas automáticamente frente a la inflación.
“Las políticas de protección de ingresos representan el 88% del presupuesto nacional destinado a niñas, niños y adolescentes. Por su peso, su evolución resulta determinante para el nivel general de inversión en niñez a nivel nacional”, dijo Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión y Monitoreo de UNICEF Argentina en su exposición ante la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de Diputados.
“En un contexto de restricciones presupuestarias, proteger los recursos destinados a niñas, niños y adolescentes y garantizar su ejecución efectiva es fundamental para asegurar el ejercicio de sus derechos”, agregó.
El proyecto contempla $21,5 billones para políticas nacionales destinadas a la niñez y la adolescencia, equivalentes al 10,8% del gasto total de la Administración Pública Nacional.
En términos reales, representa un incremento del 7% respecto del presupuesto vigente a septiembre de 2026. Sin embargo, UNICEF advierte que esa comparación puede resultar engañosa.
El organismo estima que todavía faltan incorporar aproximadamente $1,5 billones al presupuesto de 2026 para cubrir las prestaciones que se actualizan automáticamente, principalmente la AUH y las asignaciones familiares.
Al considerar esos recursos adicionales, el incremento proyectado para 2027 prácticamente desaparece: la inversión real en niñez se mantendría en niveles similares a los de este año.
La comparación histórica también muestra un deterioro significativo. Según ACIJ, el presupuesto previsto para 2027 permanece 30% por debajo del máximo alcanzado en 2021, aun después de la recuperación proyectada para el próximo ejercicio.
Alimentar como caso testigo
Uno de los principales argumentos de las organizaciones para defender la movilidad automática surge de la evolución reciente de la AUH y la Prestación Alimentar.
Mientras la AUH se actualiza mensualmente por inflación desde 2024, la Prestación Alimentar depende de aumentos discrecionales. Según ACIJ, esta última permaneció 23 meses sin incrementos, entre junio de 2024 y mayo de 2026, lo que deterioró su capacidad para cubrir el costo de los alimentos.
Por eso, las organizaciones proponen no solamente preservar la movilidad de la AUH, sino también establecer un mecanismo de actualización para la Prestación Alimentar.
ACIJ plantea, además, avanzar hacia un esquema que permita que ambas prestaciones cubran el valor de una Canasta Básica Alimentaria.
Según sus estimaciones, alcanzar ese objetivo para los 4 millones de niños y adolescentes beneficiarios requeriría $1,1 billones adicionales, equivalentes al 0,08% del PBI y al 0,55% del Presupuesto nacional.
Educación: aumenta el presupuesto, pero sigue 76% por debajo de 2023
Más allá de la protección de ingresos, el análisis revela fuertes diferencias entre las políticas destinadas a la infancia.
En educación, el proyecto prevé $1,4 billones, un incremento real del 12,4% respecto de 2026, impulsado principalmente por el Plan Nacional de Alfabetización, la gestión educativa y las becas.
Sin embargo, pese a esa recuperación, los recursos permanecen 76% por debajo de los niveles de 2023, según los cálculos de ACIJ.
La situación es particularmente significativa en las Becas Progresar, que recibirían $168.000 millones para niñas, niños y adolescentes. Aunque el presupuesto crecería 11,3% frente a este año, se ubicaría 77% por debajo del registrado en 2023.
El informe incorpora un contraste sobre las prioridades fiscales: el gasto tributario asociado al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento previsto para 2027 equivale a cinco veces los recursos destinados a las Becas Progresar para menores de edad.
“Si bien el presupuesto educativo para niñas, niños y adolescentes muestra una recuperación respecto de 2026, esa mejora no alcanza para revertir la fuerte caída acumulada de los últimos años”, señaló Francisco Rodríguez, coordinador de Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ.
El especialista advirtió que, en programas como Progresar, el financiamiento continúa muy por debajo de los niveles de 2023, lo que plantea desafíos para sostener las trayectorias educativas de los adolescentes más vulnerables.
Salud y primera infancia: partidas que retroceden
En contraste con la recuperación parcial de educación, el presupuesto del Ministerio de Salud con impacto en niñas, niños y adolescentes caería 10% en términos reales, hasta los $884.000 millones.
La gacetilla conjunta de UNICEF y ACIJ estima una reducción del 13% para el conjunto de las políticas sanitarias dirigidas a la niñez, principalmente por menores recursos destinados a vacunas y transferencias al Hospital Garrahan.
Para este último, ACIJ proyecta una caída real del 10%, con una asignación de aproximadamente $396.000 millones. Como referencia, la organización señala que las exenciones del impuesto a las Ganancias para el Poder Judicial equivalen a unas cinco veces el presupuesto del hospital pediátrico.
La situación también presenta contrastes en las políticas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF). Los recursos previstos alcanzarían $91.000 millones, un incremento del 24% respecto de 2026, pero todavía 60% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.
En primera infancia, el ajuste sería más pronunciado. El presupuesto de los programas analizados por ACIJ se reduciría 25% frente a 2026 y 66% respecto de 2023, hasta aproximadamente $32.000 millones.
La organización compara ese monto con las exenciones tributarias sobre depósitos en entidades financieras, cuyo costo fiscal equivale a cuatro veces los recursos previstos para primera infancia.
El otro problema: recursos disponibles que no se ejecutan
La discusión presupuestaria también expone dificultades para utilizar los fondos ya asignados.
Según ACIJ, seis de los ocho programas educativos analizados registran problemas de subejecución durante 2026.
Hasta septiembre, el programa de Gestión Educativa, que incluye comedores escolares, había ejecutado el 50% de sus recursos, mientras que las partidas para infraestructura y equipamiento educativo alcanzaban apenas el 31%.
La situación era todavía más marcada en el Fondo de Compensación Salarial Docente, que no registraba ejecución, y en los programas de formación docente y evaluación de la calidad educativa, con niveles de ejecución del 19%.
UNICEF y ACIJ también identificaron dificultades de ejecución en políticas sanitarias, nutricionales y de primera infancia.
En este contexto, Waisgrais remarcó que la discusión no debe limitarse al monto de los recursos asignados, sino también a su capacidad para garantizar derechos y reducir las desigualdades.
“Preservar la capacidad protectora de las transferencias, fortalecer la ejecución de los recursos y sostener la coordinación entre niveles de gobierno son condiciones centrales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes y reducir las brechas sociales y territoriales”, sostuvo el especialista de UNICEF.