La separación express no existe: cuánto cuesta divorciarse hoy en Argentina y cuánto demora

En la Provincia de Buenos Aires se registraron 25.016 divorcios durante 2024 y 23.612 en 2025, según el Registro Provincial de las Personas dependiente del Ministerio de Gobierno bonaerense. El volumen se mantiene entre 23 mil y 25 mil divorcios anuales en los últimos tres años, con leve tendencia descendente desde el pico de 30.581 alcanzado en 2022, en el rebote posterior a la pandemia. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, se registran 53 divorcios por cada 100 matrimonios, según datos del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA) procesados por el Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina.

La cifra es comparable con la de otros países de la región. Según el informe “Cambios en las estructuras demográficas” elaborado por la Red de Institutos Universitarios Latinoamericanos de Familia (Redifam) y la Universidad Austral, con datos de 2023, Chile encabeza la lista con 59 divorcios por cada 100 matrimonios, mientras que Ecuador y Brasil se ubican en torno a 47.

Esa estabilidad llegó después de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, el 1 de agosto de 2015. La reforma eliminó las causales y los plazos de espera y convirtió al divorcio en una decisión predominantemente técnica. Hoy alcanza con la voluntad de uno solo de los cónyuges para iniciar el trámite. No hay que probar culpa, infidelidad ni causales objetivas. El nudo de las decisiones se trasladó al convenio regulador, donde se discute cómo se reparten los bienes, qué pasa con la vivienda familiar, qué alimentos rigen entre cónyuges y si corresponde una compensación económica para quien quedó en desventaja patrimonial. En ese terreno se juegan los costos reales del divorcio.

Por qué el divorcio express es un mito y qué formas existen en Argentina

“Cuando se reformó el código, se hablaba del divorcio express. Sin embargo, no existe divorcio express en el sentido de lo empiezo hoy y mañana lo terminé”, advierte a El Cronista Andrea Esparza, abogada especialista en derecho de familia. La diferencia con el régimen anterior es jurídica más que operativa. Antes había que probar una causal de divorcio. Hoy no, pero el proceso sigue exigiendo notificación, propuesta reguladora y, en muchos casos, una audiencia ante el juez.

Las modalidades vigentes en Argentina son dos:

1. El divorcio por presentación conjunta: en el que ambos cónyuges se presentan con un convenio regulador acordado.
2. El divorcio unilateral: que inicia uno solo cuando el otro no quiere divorciarse o el diálogo está roto.

Ambos terminan en sentencia. La diferencia está en el proceso que se recorre para llegar a esta instancia.

¿Cómo funciona cada modalidad de divorcio en Argentina?

En el divorcio por presentación conjunta, el juez da vista al asesor o defensor de menores cuando hay hijos menores para que se expida sobre el acuerdo. Después dicta sentencia y homologa lo pactado. Es el más rápido. Esparza precisó que “la sentencia puede salir entre un mes y tres” en este formato, con variaciones según el juzgado.

Según explicó Esparza, en el divorcio unilateral, quien inicia presenta una demanda con una propuesta reguladora. Si hay hijos, propone cómo será el cuidado personal, el régimen de comunicación y los alimentos. Si hay bienes en común, propone cómo se reparten. Una vez presentada la demanda, hay que notificar al demandado, que, según aclaró, tiene diez días para contestar. La respuesta del demandado define el resto del trámite. Si no contesta, se dicta sentencia directamente. Si acepta la propuesta, se homologa el acuerdo. “Si cuando contesta hace una propuesta distinta de la que hizo el que inició el juicio, entonces ahí es donde puede suceder que el juez fija una audiencia primero antes de dictar sentencia para ver si se puede poner de acuerdo y si no, dicta sentencia de divorcio y después fija la audiencia”, explicó la abogada.

La notificación, la parte del proceso que más demora los divorcios

“La mayor demora en un divorcio unilateral es la notificación”, sostuvo Esparza. Si no se conoce la dirección del demandado, si la cédula vuelve sin diligenciar o si la persona vive fuera del departamento judicial donde se inició la causa, el trámite puede dilatarse varios meses solo en esa instancia. Para notificar fuera del departamento judicial interviene la oficina de notificaciones de esa jurisdicción, lo que suma plazos. Una vez notificado, en cambio, el expediente avanza.

¿Cuánto cuesta divorciarse?

Los costos varían según la jurisdicción. En la Provincia de Buenos Aires los honorarios se calculan en unidades llamadas JUS arancelario, fijadas por la ley provincial. Cada JUS está hoy en $ 49.750 y la norma dispone 40 JUS por divorcio. Por lo tanto, según Esparza, el costo de un divorcio en territorio bonaerense puede rondar un piso cercano a los $ 2 millones. Sin embargo, el monto puede crecer cuando hay un acuerdo bien estructurado.

En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires el cálculo se hace en UMA, la unidad utilizada por la Justicia nacional y de la Capital, que ronda los $ 90.000. Por lo tanto, el trámite resulta más caro que en Provincia. A esos honorarios se les agregan tasas de justicia, costos administrativos y, eventualmente, los honorarios del abogado de la contraparte cuando se trata de un unilateral con discusión de fondo.

La compensación económica

Uno de los puntos más sensibles del régimen actual es la compensación económica del artículo 441 del Código Civil y Comercial. La figura permite reclamar una suma de dinero a quien queda en desequilibrio manifiesto a causa del divorcio, sea por dedicación al hogar, postergación de carrera o asimetría patrimonial.

La compensación puede pactarse como prestación única o como renta por tiempo determinado, y excepcionalmente por plazo indeterminado. Lo que muchos ignoran es el plazo para reclamarla. “Es un plazo de caducidad. Desde que sale la sentencia de divorcio son seis meses para reclamar. Si nadie te lo dice y se te vencieron los seis meses, ya no lo vas a poder reclamar”, advirtió Esparza.

El problema se agrava en las uniones convivenciales, que tienen una figura equivalente, pero sin una fecha certera de partida. En esos casos, los seis meses corren desde la separación, un momento que rara vez queda documentado con la misma precisión que una sentencia, explicó la abogada a este medio.

Los errores más comunes en un divorcio

El primer error tiene que ver con una práctica habitual cuando uno solo de los cónyuges asume los honorarios. En esos casos, suele ser el abogado de quien paga el que pide a otro colega que firme como representante del otro, con un descuento en los honorarios.

Esparza aclaró que esa modalidad puede hacerse correctamente, siempre que cada profesional represente los intereses de su cliente, pero advirtió que el cónyuge que no eligió al abogado debe conocer con los datos de ese letrado y con el número de expediente. “Muchas veces pasa que el que no eligió al abogado, si después a futuro tiene algún problema porque no se cumplió lo que se acordó, ni siquiera sabe el nombre del abogado”, explicó. Y agrega: “Me pasó más de una vez que después me vienen a consultar y no saben ni en qué juzgado tramitó su causa, no saben lo que firmaron, no saben qué, porque no lo leyeron, porque confiaron”. Sin esos datos, resulta difícil reclamar más adelante si la contraparte incumple lo acordado.

Por eso, la abogada recomienda que, incluso en un divorcio de común acuerdo y aunque se busque abaratar costos, cada parte conserve la información básica del expediente. “Lo importante es que la gente se asesore bien”, señaló. Y remarcó que, si se recurre a esta práctica, “el que no eligió al abogado tenga los datos del otro para poder después, si fuera necesario, consultarle”. También recomienda guardar los datos de la causa: “Una vez que se inicia, saber en qué juzgado tramita y cuál es el número de expediente, por cualquier cosa que pase a futuro”, indicó.

A esto se suman otros frentes habituales, sobre todo cuando hay hijos. Uno de ellos son los permisos de viaje al exterior. Esparza afirmó que, en la mayoría de los casos, “la gente se va de vacaciones y vuelve”, pero hay situaciones más delicadas, por ejemplo cuando uno de los padres tiene otra nacionalidad o proyecta irse a vivir a otro país. En esos casos, recomendó tomar más recaudos antes de firmar autorizaciones amplias.

Otro punto sensible son los alimentos, ya que aunque “la obligación de alimentos la tienen tanto el papá como la mamá”, Esparza señaló que en la práctica muchas veces los chicos quedan viviendo con la madre y el padre debe hacer aporte económico que le corresponde. El problema aparece cuando ese aporte no está formalizado. “A veces paga lo que quiere. A veces no pagan nada directamente y a veces pagan lo que quieren”, describió. También ocurre que la madre, para evitar el desgaste de iniciar un proceso judicial, acepta esa situación durante un tiempo: “Prefiere que él pague lo que quiere hasta que en algún momento deja de pagar y recién ahí hace el reclamo”.

Según Esparza, suelen pasar un montón de años sin un reclamo formal, y para llegar luego a restricciones judiciales contra el deudor se tiene que “haber pasado primero por mucho”, ya que no es un proceso inmediato".