Luego del escándalo que produjo la difusión de un listado de personas que aparecen, contra su voluntad, como aportantes de la campaña electoral de 2017 para Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, la fundación La Alameda presentó este lunes en Comodoro Py nuevas pruebas que apuntan a esclarecer presuntas irregularidades en la recaudación de fondos para la lista que Elisa Carrió encabezó en la Ciudad al mando de la alianza oficialista Vamos Juntos, que integraron el PRO, la Coalición Cívica y el espacio local de Graciela Ocaña, entre otros.
El ex legislador y titular de La Alameda, Gustavo Vera, solicitó que se añadan pruebas a la causa judicial iniciada a partir de una investigación periodística del portal El Destape, que reveló que cientos de beneficiarios de planes sociales fueron registrados como afiliados y/o aportantes de la campaña electoral de Cambiemos en la provincia, sin haber hecho donación alguna. Por esta denuncia, que también reveló falsos aportes de candidatos y otros miembros del partido, debió renunciar la contadora general de la provincia, María Fernanda Inza.
Según La Alameda, el mecanismo por el que se presume que el oficialismo introdujo dinero ilegal para su campaña "no solo utilizó a personas de muy bajos recursos de la sociedad bonaerense". La entidad presentó una planilla con datos de personas se consideran "víctimas de la sustracción de su identidad y la falsificación de sus firmas" en otros distritos, y que revisten funciones como "empleados de la AFIP, de las fuerzas de seguridad, y de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras".
De acuerdo al escrito, "estos empleados manifestaron conocer un mecanismo implementado reiteradas veces en el tiempo, mediante el cual se introduce dinero ilegal y/o de las arcas públicas para financiar diferentes campañas electorales, del actual partido gobernante de esta jurisdicción". También sostienen que "funcionarios responsables de distintas áreas ministeriales figuran como aportantes", pero que ese dinero "correspondería a dinero de empresas contratistas del Estado o al mismo presupuesto de Gobierno".
La sospecha que tienen los querellantes se fundamenta en la aparición de diversos funcionarios entre los aportantes a la campaña de Vamos Juntos, muchos de ellos funcionarios públicos de menor rango, a los cuales, meses antes de la campaña, se benefició con el cobro de adicionales a partir de la incorporación de "unidades retributivas" a sus salarios, para luego ser depositados en las arcas del partido.
Vamos Juntos, la versión vernácula de Cambiemos, pero sin la UCR Capital, calificó como "falsa y malintencionada" la denuncia. "Los denunciantes nos tienen acostumbrados a esta modalidad de falsas denuncias", afirmó en un comunicado el comité de campaña de la alianza, buscando invertir la carga de la prueba contra la fundación La Alameda, que también cargó contra el financiamiento de la campaña presidencial de 2015.
"Ninguna contribución a la campaña de Vamos Juntos fue realizada sin la voluntad de quienes eligieron colaborar. Vamos Juntos obtuvo aportes económicos y horas de voluntariado de afiliados y simpatizantes, lo que representa un voto de confianza en una forma distinta de trabajar y de hacer política. Estos aportes son motivo de orgullo y refuerzan nuestro compromiso", precisaron desde el espacio del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien podría ser llamado a indagatoria en caso de que las medidas probatorias avancen en la línea de la denuncia. Larreta es también el presidente del PRO en la Capital Federal.
