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El gobierno sufrió un cimbronazo el 19 de agosto. La revelación de los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo en el cual da a conocer las presuntas coimas que pagaba la droguería Suizo Argentina a funcionarios del Ejecutivo puso a Javier Milei contra las cuerdas. Sin embargo, tras la difusión de la información, se abrieron dos licitaciones claves con la empresa acusada de corrupción.
Son dos las licitaciones que se abrieron desde aquel lunes 19 de agosto y en las que participa todavía Suizo Argentina, ambas con el mismo destino: la Policía Federal.
En un primer lugar, el 19 se avanzó con una primera licitación pública para la compra de medicamentos quimioterápicos para la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal.
Se trata del organismo encargado de gestionar y brindar servicios de bienestar social y asistencial a los integrantes de la PFA y a sus familiares, ofreciendo atención médica integral a través del Complejo Médico Churruca-Visca y otras vías.
En segundo término, se abrió el 22 de agosto, el mismo día que se conoció la decisión de apartar a Diego Spagnuolo de su cargo, una segunda licitación para la compra de medicamentos de alto costo. Esto incluye la compra de inmunosupresores, anticoagulantes y antitumorales.
Las ofertas de la droguería suman más de $ 1.378 millones. Cabe recordar que entre los señalados por los audios del exsecretario por presuntos sobreprecios en licitaciones están la hermana del presidente Karina Milei y su mano derecha Lule Menem.
Los audios y la "censura previa" a periodistas
El Gobierno presentó una denuncia judicial tras la difusión de audios grabados ilegalmente a Karina Milei en la Casa Rosada. La denuncia, presentada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, sostiene que se trató de una "operación de inteligencia no institucional" orientada a desestabilizar al Ejecutivo y afectar el proceso electoral.
La acción judicial estuvo acompañada por una orden del juez Alejandro Marianello, quien dispuso que cesara inmediatamente la difusión de los audios.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich pidió el allanamiento a los domicilios de los que difundieron los audios y consiguió una cautelar para que se impida a los periodistas publicar otros, bajo el argumento de que se trata de espionaje ilegal.
Bullrich, defendió este lunes la denuncia presentada por su cartera contra varios periodistas, entre ellos Jorge Rial. En LN+, dijo que para llegar a grabar a la secretaria general de la presidencia hacen falta recursos y que por eso considera que detrás hay exservicios rusos y también inteligencia venezolana.
Además, justificó los pedidos de allanamientos y la prohibición de pasar audios porque se trata de una cuestión de Estado y porque los acusados, según ella, "no son periodistas".
