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La discusión sobre el tamaño del Estado y el empleo público no deja de ocupar un lugar central en la agenda económica y política argentina. Desde la asunción de Javier Milei, la “motosierra” se transformó en una metáfora recurrente para describir el ajuste del gasto público, con especial énfasis en la reducción de la planta estatal. Sin embargo, los datos oficiales y los informes privados más recientes matizaron ese diagnóstico y reabrieron el debate sobre dónde se concentró efectivamente la destrucción de empleo durante el último año.

El informe que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre la Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado mostró que, a noviembre de 2025, el sector público nacional contaba con 281.785 trabajadores. Ese número implicó una caída interanual del 7,3% y una reducción intermensual del 0,3%.

Si la comparación se realiza desde diciembre de 2023, inicio de la gestión de La Libertad Avanza, la pérdida acumulada ascendió a casi 60.000 puestos de trabajo en el sector público nacional. El recorte se sostuvo de manera persistente a lo largo de los últimos dos años, aunque con ritmos diferenciados según el tipo de organismo.

No obstante, en paralelo al ajuste estatal, los indicadores laborales privados mostraron un deterioro incluso más profundo. De acuerdo con datos oficiales del sistema previsional y estimaciones privadas, el empleo formal en el sector privado perdió cerca de 200.000 puestos desde fines de 2023. Ese contraste alimentó una tensión política y discursiva: mientras el Gobierno centró su narrativa en la reducción del “Estado elefantiásico”, la mayor destrucción neta de empleo se verificó fuera del sector público.

Dónde se concentró el ajuste dentro de la administración pública

El informe del INDEC permite observar, además, cómo se distribuyó la dotación de personal dentro de la administración pública nacional. A noviembre de 2025, la administración centralizada registró 39.011 trabajadores, con una caída interanual del 10,7%. La administración descentralizada, que reúne organismos con autonomía técnica y administrativa, concentró 116.571 empleados y mostró una reducción del 6,8%. La administración desconcentrada, en cambio, alcanzó los 22.534 puestos y fue el único segmento que creció en la comparación mensual, con un alza del 1,3%. Otros entes sumaron 14.103 trabajadores, con una baja interanual del 4,8%.

En términos absolutos, el mayor volumen de empleo continuó concentrándose en los organismos descentralizados, aunque el ajuste relativo más intenso se observó en la administración centralizada. Esa dinámica reflejó una reducción significativa en las estructuras más directamente dependientes del Poder Ejecutivo.

Empresas y sociedades del Estado, bajo la lupa

El informe del INDEC mostró que las empresas y sociedades del Estado contaron con 89.566 trabajadores en noviembre de 2025, lo que representó una caída interanual del 7,8% y una reducción mensual del 0,4%. Aunque el peso relativo de estas empresas dentro del total del empleo público fue menor que el de la administración pública nacional, el ajuste también resultó sostenido.

Un análisis más fino de este proceso surge del informe del CEPA, un think tank kirchnerista que elaboró un estudio específico a partir de los datos oficiales del INDEC. Según el CEPA, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 el empleo público nacional se redujo en más de 61.000 puestos, lo que implicó una caída cercana al 18%.

El mayor recorte en términos porcentuales recayó en la administración centralizada”, señaló el CEPA, que agregó que “en segundo y tercer lugar se ubicaron las empresas y sociedades del Estado y la administración descentralizada”. En términos nominales, el CEPA destacó que la administración descentralizada fue el segmento con mayor pérdida absoluta de puestos de trabajo.

El informe también elaboró un ranking de empresas públicas con mayores recortes de personal. Según ese relevamiento, el Correo Argentino encabezó la lista, seguido por la Operadora Ferroviaria, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y AySA. En ese marco, el CEPA sostuvo que “el ajuste no solo redujo puestos de trabajo, sino que afectó capacidades operativas en sectores estratégicos”.


Un análisis complementario elaborado por el economista Nadin Argañaraz, en base a datos del INDEC, también permitió precisar la magnitud y la distribución interna del ajuste en el empleo público nacional. Según ese trabajo, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025 la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado se redujo en 59.688 cargos, lo que representó una caída del 17,5% respecto del inicio de la actual gestión.

Al desagregar por organismos, el trabajo mostró que la administración centralizada fue la que más cargos perdió en términos absolutos, con 15.780 puestos menos. Entre las empresas y entes con mayores reducciones se ubicaron el Correo Oficial, con 5.191 cargos, la Operadora Ferroviaria S.E., con 3.504, ARCA, con 3.152, el CONICET, con 2.074, el Banco Nación, con 2.010, y Aerolíneas Argentinas, con 1.913, entre los casos más relevantes.

El análisis también introdujo una dimensión cualitativa del ajuste. Según Argañaraz, cuatro organismos redujeron el 100% de su dotación, lo que implicó su virtual desaparición: el ENOHSA, el INADI, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y Desarrollo de Capital Humano Ferroviario SAPEM. En otros casos, la reducción fue especialmente intensa, como en la Agencia de Publicidad del Estado, con una baja del 79%, el INCAA, con una merma del 51%, y la Casa de la Moneda, con un recorte del 44%. En el extremo opuesto, organismos como el PAMI, el CONICET, el INTA y el SENASA mostraron caídas porcentuales más acotadas, todas por debajo del 11%.


La destrucción de empleo fue más severa en el sector privado formal

La lectura combinada de los datos oficiales y de los informes privados refuerza una conclusión incómoda para el discurso oficial: pese a la centralidad simbólica de la motosierra aplicada al Estado, la destrucción de empleo fue más severa en el sector privado formal. Mientras el empleo público nacional perdió cerca de 60.000 puestos de trabajo desde la asunción de Javier Milei, el empleo asalariado registrado en el sector privado mostró una contracción significativamente mayor.

Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el empleo privado registrado acumuló caídas consecutivas a lo largo de 2024 y 2025. Solo entre junio y septiembre de 2025 se perdieron alrededor de 49.000 puestos asalariados formales, en un contexto de recesión económica, caída del consumo y paralización de la obra pública. En la comparación más amplia desde fines de 2023, distintas estimaciones oficiales y privadas ubicaron la destrucción de empleo privado formal en un orden cercano a los 200.000 puestos.

Ese retroceso no se tradujo únicamente en un aumento del desempleo abierto, sino también en un cambio en la composición del mercado laboral. Los mismos informes del SIPA mostraron un crecimiento sostenido de las modalidades independientes y precarias, con un aumento del monotributo y del trabajo no asalariado como principal vía de absorción de trabajadores expulsados del empleo formal. En varias mediciones mensuales, el avance del monotributo explicó la totalidad —o incluso más— de la creación neta de puestos, mientras el empleo asalariado privado continuó en terreno negativo.

En contraste, el ajuste del empleo público, si bien fue persistente y significativo, mostró una magnitud menor en términos absolutos.

La comparación entre ambos procesos pone en evidencia una paradoja del ajuste: mientras el Gobierno concentró su narrativa en la reducción del empleo estatal como símbolo del achicamiento del Estado, el impacto más profundo sobre el mercado laboral se produjo en el sector privado formal. Esa dinámica tensiona el discurso oficial sobre la “recomposición” del empleo vía el sector privado y reabre el debate sobre la capacidad de la economía para generar trabajo registrado en un contexto de ajuste fiscal, apertura comercial y caída de la actividad.