La Justicia Federal volvió a rechazar una cautelar presentada por un importador en la que buscaba eludir el SIRA que impuso el Gobierno para realizar los trámites a la hora de ingresar insumos al país y con el que se regula la salida de divisas extranjeras. "No corresponde hacer lugar a la medida intentada respecto de las declaraciones juradas SIRA", determinó el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°6 sobre la presentación que realizó la empresa Texcore SRL contra el Sistema de Importación de la República Argentina. El sistema que reemplazó a las SIMI y a las SIMPES fue implementado por el Gobierno en 2022 para contener la salida de dólares de las reservas del Banco Central al requerir autorizaciones particulares en las importaciones de "bienes para la producción" en las licencias no automáticas. En el fallo, la Justicia comprobó que la compañía que demandó al Estado Nacional no presentó la información solicitada para poder acceder al SIRA a pesar de que se le solicitó que complete los datos necesarios en el sistema online donde se debe cargar el pedido. "Por todo lo antes expuesto, se resuelve rechazar la medida cautelar solicitada por Texcore SRL", resolvió el Juzgado Federal 6 en el fallo donde consideró que no hacer lugar el pedido de la empresa y agregó que esta situación "impide tener por acreditada la verosimilitud del derecho alegada por la parte actora". El SIRA incluye un análisis de la Capacidad Económica Financiera (CEF) del importador y un perfil de riesgo aduanero y fiscal, para el que el Gobierno se vale de la base de datos ("radar") de la Aduana con el que monitorea cada una de las operaciones. El Gobierno busca limitar la salida de dólares que este martes alcanzó los u$d 133 millones para pagos de energía en el día que debutaron los nuevos dólares financieros CCL y MEP que deben transaccionarse mediante CEDEARs y no con bonos. Esta respuesta de la Justicia abala nuevamente el SIRA como sistema de importaciones a pesar de las presentaciones de algunas empresas que buscaban cautelares contra el Estado, el Ministerio de Desarrollo Productivo -ahora secretaría- y contra el Banco Central para eludir esta normativa