Dos productores agropecuarios de Carlos Casares llevaron a la Justicia bonaerense un reclamo contra el gobierno de Axel Kicillof para que informe sobre el millonario fondo destinado para atender la emergencia hídrica en la Provincia de Buenos Aires. En medio de las inundaciones que azotan diversas partes de la geografía como consecuencia del fenómeno del Super Niño, demandan datos sobre las obras de infraestructura ejecutadas y proyectadas en la cuenca del río Salado y el destino de los recursos destinados a prevenir las crecidas.
El planteo abre un frente sensible para el gobierno de Axel Kicillof, que convirtió a la obra pública en uno de los principales ejes de diferenciación con la administración nacional de Javier Milei. De hecho, el mandatario provincial anunció en agosto un plan de prevención y mitigación de fenómenos climáticos extremos por más de $2,3 billones. Ahora es la Justicia la que toma cartas en el asunto para dilucidar cuál fue el destino de esa millonaria cuenta.
El conflicto, en rigor, comenzó el 22 de julio, cuando los productores presentaron un pedido formal de acceso a información sobre las intervenciones previstas y ejecutadas en la región. Según expusieron posteriormente ante la Justicia, el plazo para responder venció el 3 de septiembre sin que el Ejecutivo -en este caso, el Ministerio de Infraestructura- entregara la documentación ni notificara una prórroga.
Ante esa situación, el 22 de octubre promovieron un amparo ante la Justicia de Trenque Lauquen para obtener una respuesta de la administración provincial.
El reclamo no plantea, al menos en esta instancia, que hayan existido irregularidades en la utilización de fondos ni cuestiona técnicamente la conveniencia de las obras. El punto es anterior a ello: los productores pretenden conocer qué trabajos fueron efectivamente realizados, cuáles permanecen pendientes, cuánto dinero se destinó a ellos y quiénes fueron los adjudicatarios.
Los efectos del fenómeno de El Niño en la Provincia de Buenos Aires: qué pasó con las obras anunciadas
El caso adquiere relevancia política por el contexto. El 26 de agosto, la Provincia anunció un programa de prevención y mitigación ante fenómenos climáticos extremos con una inversión superior a los $2,3 billones, distribuida entre distintos organismos y políticas.
Los productores reclaman determinar qué porcentaje de esos recursos corresponde específicamente a infraestructura hídrica y si se trata de nuevas partidas o de fondos ya previstos anteriormente.
También solicitaron información sobre procesos licitatorios, contratos, empresas adjudicatarias, montos efectivamente pagados, certificados de avance y estudios técnicos.
Entre las obras sobre las que requieren precisiones figuran intervenciones en el arroyo Saladillo, el canal troncal Mones Cazón, los canales Vinculación y del Este y distintos trabajos correspondientes al sistema hídrico de Bragado.
El requerimiento alcanza además a caminos rurales, alcantarillas, puentes y canales de Carlos Casares, así como a las medidas implementadas durante 2025 y 2026 para enfrentar los anegamientos.
La cuestión tiene especial sensibilidad en el interior bonaerense. La infraestructura hídrica y la transitabilidad de los caminos rurales inciden directamente sobre la producción agropecuaria, el transporte y el acceso a establecimientos rurales cuando se producen lluvias intensas.
Inundaciones en Provincias de Buenos Aires: un reclamo que toca una bandera de Axel Kicillof
Tras conocerse el amparo, desde el Ministerio de Infraestructura dejaron trascender acorde a publicaciones en los medios que responderían el pedido de información. El caso introduce un elemento incómodo dentro de una discusión política más amplia, en el marco de una campaña política en donde el jefe provincial busca consolidarse como una alternativa al retiro del Estado que promueve Javier Milei.
Kicillof viene utilizando la continuidad de la obra pública provincial como uno de los principales argumentos para confrontar con el Gobierno nacional, al que responsabilizan por la paralización de proyectos y el retiro de financiamiento.
El reclamo surgido en Carlos Casares desplaza momentáneamente esa discusión hacia el interior de la propia administración bonaerense: no cuestiona solamente cuánto dinero anuncia la Provincia, sino cuánto fue ejecutado, en qué trabajos y bajo qué contratos, en medio de la emergencia ambiental que podría extenderse durante todo el verano.
La presentación judicial, por sí sola, no acredita desvíos de dinero ni irregularidades administrativas. Pero obliga al gobierno de la Provincia de Buenos Aires a dar precisiones sobre una problemática particularmente sensible para numerosos distritos del interior.
Y coloca a Katopodis frente a una discusión que puede adquirir también volumen político: demostrar cómo se traduce en obras concretas una de las inversiones que el Gobierno bonaerense exhibe como parte central de su gestión.