El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dispuso ayer la intervención del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires (Sivendia), y procesó y suspendió las funciones de su histórico líder, Omar Plaini, por presuntas irregularidades en las elecciones de autoridades de 2013. Para dar cumplimiento con el fallo, el juez ordenó un allanamiento de la sede principal del sindicato hasta que sean designados los nuevos veedores, que se extendió por varias horas con efectivos de la Gendarmería Nacional que llegaron en siete vehículos y ocuparon el interior y el exterior del edificio ubicado en la calle Venezuela al 2300, en esta ciudad.

Pese a la orden judicial, Plaini permaneció desde primera hora de la mañana en su oficina, rehusándose a abandonar la sede gremial, mientras que por la tarde debió ser atendido por personal médico dentro del edifico por una descompensación. El jefe de los canillitas es también diputado nacional por el monobloque del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo que creó Hugo Moyano y está alineado políticamente con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien le manifestó su apoyo de cara a las elecciones legislativas.

El magistrado procesó sin prisión preventiva al gremialista por el delito de uso de documento público falso y le trabó un embargo sobre sus bienes de $ 200.000. La decisión se produjo en el marco de una causa que se inició en 2013, cuando una agrupación interna disidente de la que encabeza Plaini hizo una presentación por presuntas irregularidades durante las elecciones sindicales de ese año, en las que Plaini se impuso con un amplio margen de 3000 votos contra 180.

La Gendarmería tenía la orden de secuestrar todas las fichas de afiliación, el registro de asistencia original de la Asamblea Extraordinaria del 25 de julio de 2013, cuestionada por la oposición a Plaini, y del padrón electoral utilizado en cada una de las mesas donde se emitió el sufragio. Martínez de Giorgi consideró "suficientemente acreditada la utilización de los documentos públicos cuestionados".

Plaini denunció "persecución política y jurídica" y sostuvo que la medida se tomó por su respaldo a la candidatura de la ex presidenta. "Quiero decirle a la ciudadanía y a los trabajadores canillitas: acá hay claramente una persecución política y jurídica por habernos expresado políticamente", aseguró.