En el marco de los recortes de la obra pública, el trágico incidente vial entre un colectivo y un camión en el que días atrás murieron varias personas y otras resultaron heridas, puso de relieve el estado de las Rutas Nacionales en la Provincia de Buenos Aires y su mantenimiento.

Los cuestionamientos sobre la infraestructura se vienen acrecentando con el correr de los meses, primero en boca de intendentes bonaerenses, del gobernador Axel Kicillof y, ahora, se conoció la opinión del Colegio de Ingenieros que habla de "falta de planificación de largo plazo y la utilización partidaria del tema".

Mientras los sindicatos que nuclean a los trabajadores de Vialidad Nacional vienen remarcando el "vaciamiento" de la entidad que debiera mantener las rutas, el gobierno de Javier Milei anuncia que delega las obras en los estados subnacionales, como es el caso de Mendoza tan sólo 10 días atrás: "El convenio establece que las tareas a realizar serán bajo costo y responsabilidad de la provincia, sin reembolso alguno de los fondos por parte del Gobierno Nacional", se informó oficialmente.

Sin embargo, en lo que respecta a Buenos Aires son contadas las obras públicas que han sido "transferidas" y no es el caso de las rutas nacionales que muestran grados importantes de desgaste.

Al respecto, los Ingenieros bonaerenses señalan que "no se trata de improvisar tras cada tragedia, sino de prevenirlas mediante planificación. Nunca es tarde para comenzar lo que no se hizo, ni para corregir lo que se hizo mal".

A través de un comunicado, la entidad profesional que conduce Jorge Castellano afirma que "mientras el país intenta estabilizar su economía y crecen las demandas logísticas, las rutas y ciudades no acompañan esa evolución".

"Nos enfrentamos a eventos climáticos cada vez más extremos y a un crecimiento urbano que requiere soluciones estructurales, no parches", se señala.

En lo que respecta a la Ruta Nacional 3, que presenta "problemas estructurales desde hace varios años", es vital para el desarrollo nacional: "Hubo proyectos de mejora, como la transformación en autopista anunciada durante la gestión de Mauricio Macri, nunca se concretaron, mientras que durante el mandato de Alberto Fernández se relanzaron algunas obras, pero con dificultades financieras que derivaron en avances dispares y, finalmente, en su paralización bajo la actual administración nacional".

Por ello piden "establecer un plan integral, consensuado y sostenido en el tiempo, que contemple la recuperación, ampliación y modernización de la infraestructura pública", dejando de lado "posturas ideológicas rígidas y a trabajar en conjunto, con criterio técnico y compromiso social".

"El deterioro de la infraestructura no es una situación estática, sino un retroceso", apunta el Colegio de Ingenieros y dispara sobre uno de los lemas de la gestión libertaria: "Si podemos aplicar políticas fiscales de déficit cero, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo con la infraestructura?"

Desde la Provincia de Buenos Aires estiman que, a pesar de estar obligado por ley, durante 2024 el Gobierno no transfirió a Vialidad Nacional $200 mil millones que recaudó con el Impuesto a los Combustibles y, además, "se quedó con $1 billón surgido del Impuesto PAIS, que tenía que ser utilizado para ejecutar infraestructura, incluidas obras viales".

La administración Kicillof afirma que durante el año pasado Vialidad Nacional debió recibir $349,13 mil millones provenientes del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, pero sólo se transfirieron $149 mil millones, el 42,6% del total.

La Provincia cuenta con nueve rutas nacionales que atraviesan 57 municipios sumando más de 4.000 kilómetros y la inversión de Vialidad Nacional en la PBA cayó 85,9% durante 2024 con respecto al año anterior, siendo la provincia más perjudicada por los recortes de todo el país.