En horas en que la credibilidad de las estadísticas públicas vuelve a estar bajo la lupa, la economista Marina Dal Poggetto, directora de la consultora EcoGo, desmenuzó la reciente decisión del Gobierno de postergar la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En diálogo con Radio Con Vos, Dal Poggetto no anduvo con rodeos al calificar la medida como una “desprolijidad” que responde más a una necesidad política de sostener el relato de la desinflación que a una imposibilidad técnica.
El punto de partida del análisis de Dal Poggetto es la obsolescencia de la canasta con la que el INDEC mide hoy la inflación, basada en una encuesta de consumo del año 2004. “En 2004 no existía Netflix, no existía ChatGPT; había consumos que hoy no están y otros que hoy son parte de la estructura de un hogar”, graficó la economista para explicar la necesidad lógica de actualizar los ponderadores.
Sin embargo, el eje del conflicto no es solo técnico, sino temporal. El INDEC ya tenía en su calendario la publicación del nuevo índice (basado en la encuesta 2017-2018), pero la frenó a último momento. “La verdad que es desprolijo. Vos tenías un calendario que iba a publicar algo y la política decide frenar la publicación de esa nueva metodología”, señaló.
Para Dal Poggetto, el trasfondo es claro: “Están tratando de mantener la batalla narrativa respecto al esquema de desinflación”. Según su visión, el Ejecutivo teme que, con la nueva canasta —donde los servicios tienen más peso—, los aumentos de tarifas “amplifiquen” el número final de la inflación, atentando contra el mensaje oficial de una caída drástica de los precios.
El dilema de los precios relativos, según Dal Poggeto
A pesar de la crítica a la forma, la directora de EcoGo reconoció que existe un justificativo técnico válido para la demora, vinculado a las reglas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Según explicó, el manual del organismo establece que los ponderadores no deben ajustarse si hay cambios bruscos en los precios relativos (la relación de valor entre, por ejemplo, un kilo de carne y una factura de luz).
“Como en Argentina tuviste cambios tan grotescos de precios relativos, usar la estructura de precios de 2017-2018 cuando las tarifas estaban allá arriba, aplicado en 2023, obviamente te hubiera amplificado la inflación”, detalló. En ese sentido, admitió que el Gobierno se enfrenta a un dilema estadístico: si aplica la canasta de 2017 sin correcciones, el IPC de 2024 sería mucho más alto de lo que ya es debido al shock de tarifas. “Me parece que están asumiendo un costo (de credibilidad) creo que innecesario”, sentenció.
Radiografía del bolsillo: ¿cuánto pesan las tarifas hoy?
Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue la comparación histórica que realizó Dal Poggetto sobre el peso de los servicios públicos (luz, gas, agua y transporte) en el salario promedio. Los números que maneja EcoGo muestran el impacto del ajuste de la gestión Milei:
- Diciembre 2001: los servicios representaban el 14,8% del salario.
- Diciembre 2015: tras años de congelamiento y alta inflación, cayeron a apenas el 3%.
- Gestión Macri: en el pico del ajuste de Aranguren, llegaron a representar 13 puntos.
- Enero 2024: al inicio de la actual gestión, las tarifas pesaban 4 puntos.
- Abril 2024: tras los primeros aumentos de Caputo, saltaron a 9,6 puntos.
“Hoy los subsidios en el producto representan un punto”, destacó la economista, comparándolo con los casi 4 puntos que alcanzaron en otras épocas. Sin embargo, advirtió que el ajuste no es uniforme: “No es lo mismo el N2 [sectores de ingresos bajos] al que le sacaste el subsidio; su factura va a subir mucho”.
Jubilaciones: entre la inflación y el “bono congelado”
Consultada sobre el frente fiscal y el superávit que persigue el Palacio de Hacienda, Dal Poggetto analizó la situación de los jubilados, uno de los sectores que más ha aportado al “ancla” del programa económico.
“El grueso de la caída (del gasto previsional) vos lo tuviste con la aceleración inflacionaria del 50% al 200%” durante el último año del gobierno anterior, explicó. Sobre la gestión actual, indicó que si bien se pasó a un esquema de indexación mensual por IPC, el mecanismo de ajuste tiene una trampa: el bono.
“¿Qué es hoy la licuación en términos previsionales? El bono. Vos dejaste congelado el bono en 70.000 pesos”, disparó. Al no actualizarse esa suma fija, los jubilados de la mínima perciben un aumento real que corre por debajo de la inflación general, lo que permite al Gobierno seguir conteniendo el gasto público.
Para Dal Poggetto, la permanencia de cuadros técnicos como Pedro Lines en el INDEC aporta un “dejo de verosimilitud” que evita una crisis de confianza total como la de la intervención de Guillermo Moreno en 2007. No obstante, advirtió que el mercado observa con atención.
“Las estadísticas siempre son una abstracción de la realidad, no son la realidad”, recordó. El desafío del Gobierno será demostrar que la baja de la inflación es genuina y no un espejismo sostenido por una canasta de consumo que ya tiene 20 años de antigüedad. La batalla narrativa, por ahora, se impone sobre la transparencia metodológica, un riesgo que, según la economista, podría haberse evitado publicando ambos índices en simultáneo para dar “certidumbre”.