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En el ínterin en donde el Gobierno afirmó que volverá a presentar el proyecto para la creación del impuesto a los Ingresos Personales -reversión de Ganancias- una nueva situación se presentó: un reclamo sobre la constitucionalidad el decreto 473/23 y de la ley 27.725llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
En las últimas horas, la Procuración General de la Nación (PGN) dictaminó cuál es tribunal único que tiene que fallar frente al reclamo. "En atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte", afirmó la procuradora general Laura Monti.
El origen de la misma, se sitúa el pasado 19 de diciembre, cuando el actual gobernador de Chaco Leandro Zdero, presentó una acción declarativa contra el estado nacional a los fines de que se sentencie la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de las ambas medidas. Con la argumentación de que "resultan violatoria del régimen federal de coparticipación".
Lo que se expuso en los dos primeros meses del año con la fluctuación de los ingresos de las provincias. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) en enero, las transferencias automáticas sufrieron una caída del 11,5% real interanual, una cifra que proyectan que en febrero se agrave al -19,5%.
Si se analiza el caso puntual de Chaco, en enero recibió $109.147 millones,lo que supuso una variación interanual real del -11,1%, una de las menores en comparación con el resto. Mientras que, en febrero, se le habría transferido la suma de $105.486 millones (v.i.r -19,1%).
"La suspensión de sus efectos -mediante la asunción de los mismos por el Estado Nacional- hasta la resolución de fondo a fin de evitar el perjuicio irreparable", fueron los pedidos que realizó la provincia del norte en la causa.
El dictamen por parte de la PGN llega en un momento justo. El próximo viernes todos los gobernadores fueron citados a la Casa Rosada para tener una reunión con el jefe de Gabinete Nicolás Posee y ministro del Interior Guillermo Francos. En lo supone ser las primeras tratativas para el acuerdo de aprobación de la "Ley Bases..." -incluido el capítulo fiscal y Ganancias-.
Pero como ya adelantó El Cronista, entre los mandatarios subnacionales no habría una posición homogénea respecto al proyecto que, en su versión original, planteaba que los contribuyentes cuyos ingresos brutos sean superiores a $1.250.000 mensuales paguen el impuesto.
Al igual que sucedió durante el encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), un grupo de gobernadores volvería a insistir en la coparticipación de cierto/s tributo/s. En su momento, se planteó el impuesto PAIS, lo que fue rechazado por el oficialismo y cuya justificación se explica en el peso que tiene en la recaudación total.
La visión de los especialistas
Pero el fallo a favor de la provincia de Chaco, que sería un plan B para Milei ante la negativa en el proyecto, no estaría garantizado. El socio de Expansion Diego Fraga, si bien considera que es correcto que la demanda la lleve la CSJN por sus características, frente al statu quopone en duda el éxito para el caso de la ley.
"Fue aprobada por el Congreso, que a posteriori por los efectos de la misma haya menos recaudación y por ende bajen los recursos de la coparticipación, no es impugnable", afirmó en conversación con El Cronista.
El decreto 473/23 no tendría la misma validez jurídica pues, hasta el momento, no fue ratificado por ley. "La provincia en ese reclamo tendría un punto. Son periodos vencidos en donde las retenciones no se hicieron según la ley vigente porque el decreto así lo dispuso", sostuvo.
La no convalidación de la decisión unilateral del ex ministro de Economía Sergio Massa es una cuestión sobre la que levantaron la voz desde organizaciones hasta especialistas frente a la posibilidad de que se les generen deudas a los contribuyentes.
"En algún momento va a salir la norma que valide el decreto, a partir de allí también será abstracta la demanda", sostuvo Fraga. Y detalló que mientras se trasmita la convalidación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a cargo de Florencia Misrahi, podría prorrogar el computo del mismo.