Hidrovía: descreen que las millonarias licitaciones puedan adjudicarse en el tiempo fijado por el Gobierno

Varios factores confluyen para generar desconfianza con el reciente anuncio de que las obras serán adjudicadas a muy corto plazo.

Tras meses de incertidumbre y presiones ejercidas por diferentes actores ligados a la vida de la vía navegable, el Gobierno dejó entrever que en cuatro meses, a más tardar, pondrá en marcha la licitación para el dragado, balizamiento y mantenimiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay y otras obras relacionadas, según dejó entrever el flamante presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), Ariel Sujarchuk.

Pese al buen augurio oficial, los operadores económicos ligados al canal por donde sale la amplia mayoría de las exportaciones argentinas al mundo descreen que se puedan cumplir tales plazos, por varios motivos.

La gestión de la vía navegable fue objeto de contrapuntos desde que el Estado decidió romper el status quo de las continuas prórrogas al contrato sellado en la década del 90', concedió a la Administración General de Puertos (AGP) la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado, y estableció un nuevo ente encargado de llamar a la licitación de largo plazo, en acuerdo con el Consejo Federal de la Hidrovía (CFH), por el que se le dio participación a todas las provincias con costas en la cuencia de los ríos Paraná y Paraguay.

El Consejo Federal de la Hidrovía, durante una de sus primeras reuniones, en Rosario.

Nación y provincias discuten bajo qué modelo administrar la Hidrovía Paraná-Paraguay

Los agentes económicos consideran que una licitación de largo plazo como la que se proyecta requiere una ingeniería que, por el momento, no se está ejecutando, y que los estudios técnicos, ambientales de impacto y otros procedimientos, demorarán hasta fin de año el eventual lanzamiento de las convocatorias. "Con suerte, podremos llegar a tener la obra adjudicada hacia fines de 2023", señaló una fuente del sector a El Cronista.

Otro de los factores puestos en consideración es la tirantez que existe entre los mismos organismos de control y la política. La Hidrovía expone visiones contrapuestos entre la AGP, conducida por el interventor José Beni, ligado al kirchnerismo; la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, a cargo de Leonardo Cabrera, hombre del gobernador entrerriano Gustavo Bordet; el titular del Ente, Ariel Sujarchuk, del peronismo bonaerense, y los propios gobernadores, que ven en su participación una posibilidad de empujar sus intereses.

Los gobernadores piden que la AGP siga gestionando la Vía de Navegación Troncal

Muchos observadores notan que el cumplimiento de la anunciado por Sujarchuk también comportaría resolver interrogantes todavía abiertos, como la situación del puerto de Ituzaingó, en Corrientes, cuyo gobernador, Gustavo Valdés, insiste en incorporarlo a las obras; o la cooperación necesaria con Paraguay para determinar qué país se hace cargo y hasta qué tramo de las obras necesarias en la región del Alto Paraná.

Tratándose de obras que las estimaciones más modestas ubican en torno a los u$s 800 millones, observadores del comercio exterior a través de la Hidrovía descuentan que una feroz disputa se dará en la Justicia para impugar, eventualmente, la actuación de los organismos públicos a cargo de la licitación. La judicialización podría ser otra de las tantas piedras en el zapato que tiene un proyecto estratégico para abaratar costos logísticos y potenciar exportaciones y la generación de divisas.

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