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Desde que se suspendió el debate por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), comenzó a llegar un aluvión de cartas de representantes de los laboratorios multinacionales a la Cámara de Diputados para defender la importancia de la aprobación del la normativa para incentivar la innovación, en contraposición con las objeciones de los laboratorios nacionales sobre un capítulo sensible que estancó las negociaciones.
Se trata de un tratado internacional que permite a inventores, empresas e instituciones de investigación presentar una única solicitud de patente con efecto simultáneo en múltiples países, en lugar de tener que iniciar trámites separados en cada jurisdicción. Fue elaborado en Washington en 1970 y hoy cuenta con 158 estados contratantes, que representan más del 95% del PBI mundial.
El sistema funciona en dos etapas: en la primera, el solicitante presenta una solicitud ante la oficina nacional de patentes de su país —en el caso argentino, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)— y obtiene un Informe de Búsqueda Internacional que analiza el estado de la técnica y la novedad de la invención; a los 30 meses de esa presentación, puede ingresar a las fases nacionales en los países donde quiere proteger su desarrollo.
La ventaja central es que ese plazo de 30 meses le da al solicitante tiempo para validar su tecnología, conseguir financiamiento o socios comerciales antes de tener que afrontar los costos de los trámites en cada país.
El PCT lleva casi tres décadas estancado en el Congreso y la Argentina sigue siendo el único país del G20 que no lo ratificó. El proyecto obtuvo media sanción del Senado en septiembre de 1998 y nunca fue votado en la cámara baja.
Ahora, cuando el tratamiento parecía inminente por las obligaciones contraídas con Estados Unidos y la Unión Europea -la adhesión forma parte de los compromisos asumidos tanto en el acuerdo de aranceles recíprocos con EE.UU. como el acuerdo UE-Mercosur- emergió un nuevo freno: el debate sobre el Capítulo II.
Se trata de la cláusula que habilita a los solicitantes de patentes a requerir un examen preliminar internacional antes de ingresar a las fases nacionales en cada país. Ese examen, que realizan autoridades designadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), produce un informe técnico no vinculante sobre la patentabilidad de la invención.
Dicho análisis puede ser utilizado para ajustar la solicitud y anticipar objeciones en distintas jurisdicciones. Los laboratorios farmacéuticos nacionales se oponen a que la Argentina adhiera a ese capítulo. “Todo lo que dicen es mentira”, expresó tajante Jorge Otamendi, abogado y especialista en Propiedad Intelectual en diálogo con El Cronista.
“Lo único que importa es que el PCT facilita la presentación de solicitudes. Lleva el año de plazo para aprobar una patente (que surge del Convenio de París) a 30 meses y eso es vital para el inventor argentino, que en general no tiene recursos, para conseguir un inversor. Lo que les molesta es que así como lo facilita para los inventores argentinos, lo facilita para los extranjeros, y eso les impediría a los nacionales copiar los productos”, acusó.
“Además, hay un tema de hipocresía, porque los laboratorios nacionales se van a otros países a usar el PCT mientras que acá lo critican. Son usuarios del PCT afuera de la Argentina”, sumó en esa línea.
La reflexión de fondo, argumentó, es: “¿Qué prefiero, que haya productos nuevos más caros por un tiempo o que no haya nunca innovaciones?“
El dilema de los laboratorios
El sector de laboratorios de producción local argumenta que el Capítulo II podría facilitar la extensión de monopolios de patentes sobre medicamentos, encareciendo el acceso a tratamientos y comprometiendo la política sanitaria argentina. La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) es una de las principales voces en este sentido, y hace años que lo esbozan.
Por un lado, el especialista Carlos Correa en 2019 sentenció que “debe hacerse sobre la base de medidas y de compromisos que sean efectivamente positivos para la industria nacional, efectivamente positivos para el consumidor, en este caso los pacientes, que no dañe una industria establecida y que no genere mayores costos a los pacientes”.
Los argumentos expuestos hasta ahora en Argentina para adherir al PCT “carecen de toda razonabilidad y no demuestran ni la conveniencia ni la oportunidad de hacerlo”, comparó.
Ken Shadlen, director del Departamento de Desarrollo Internacional de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres (LSE), afirmó que el PCT facilita el depósito de solicitudes de patentes “basura” y destacó la eficacia de las Guías de Patentabilidad de Argentina para frenar las patentes secundarias.
Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que integrarse al mundo globalizado “no es zambullirse” sin estudiar previamente el impacto de las consecuencias, y Pablo Dragún, director del Centro de Estudios de la UIA (CEU), resaltó la fortaleza de la industria farmacéutica y biotecnológica en Argentina.
Frente a esa posición, legisladores del bloque oficialista comenzaron a explorar la posibilidad de adherir al PCT con una reserva expresa del Capítulo II, lo que mantendría a la Argentina en el sistema pero sin la instancia del examen preliminar internacional.
Cancillería intervino en ese debate y, como contó este diario, le pidió al bloque oficialista en Diputados que frenara el tratamiento mientras se clarifica el estado del acuerdo comercial bilateral con los Estados Unidos.
Además de la presión de los lobbies, argumentaron que están esperando que el país norteamericano empiece a cumplir con el acuerdo. Es decir, a cerrar las negociaciones por los aranceles tras el fallo de la Corte Suprema estadounidense.
El Gobierno reconoció que no podrá cumplir con el plazo del 30 de abril que había sido acordado en el marco del Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíproco (ARTI), firmado el 5 de febrero de 2026, que incluía el compromiso específico de someter al voto de los cuerpos legislativos argentinos el instrumento de adhesión al PCT.
La presión de las Cámaras de Laboratorios
En paralelo al debate interno, en los últimos días llegaron a Diputados una serie de cartas de organizaciones privadas exigiendo la aprobación plena. El 22 de abril, Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de la U.S. Chamber of Commerce, le escribió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para solicitar que se apruebe el texto “tal como le fuera remitido por el Senado a fin de evitar que el proyecto retorne a esa Cámara y se vea nuevamente postergado sin plazos definidos”.
La carta citó datos de la OMPI según los cuales el plazo promedio para obtener una resolución definitiva sobre una solicitud de patente en Argentina oscila entre cuatro y seis años, mientras que en México demanda 500 días y en Paraguay menos de un año.
Ese mismo día, Alejandro Diaz, CEO de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham Argentina), le escribió a la diputada Juliana Santillán advirtiendo que la eliminación del Capítulo II “planteará desventajas sustanciales y solo perjudicará a los solicitantes nacionales”.
Carlos Escobar Herrán, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), también remitió una carta a todos los diputados, señalando que Uruguay es “el único Estado parte, entre los 158 estados signatarios, que mantiene una reserva sobre el Capítulo II” y que su contexto estructural es “muy distinto al argentino”.
El 16 de abril, Lucas Lehtinen, del Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, presentó ante los diputados una nota parlamentaria de diez páginas en la que calificó la no-adhesión como “una política regresiva” que “golpea al trabajo nacional y al sistema científico-tecnológico propio”.
Lehtinen también circuló un informe técnico en el que refutó cinco objeciones recurrentes al tratado, entre ellas la que compara la posición argentina con la de países como Estados Unidos, Francia o Alemania. El documento señala que todos los países de la OCDE que en su momento formularon una reserva sobre el Capítulo II “la retiraron posteriormente y hoy operan bajo adhesión plena”: Estados Unidos la retiró en 1987, Francia en 1989, Alemania en 1985 y España en 2004.
Los números que sostienen la demanda
Los datos sobre el sistema argentino de patentes que circulan en el debate legislativo son contundentes. Según el informe de la Universidad Austral, Argentina ocupa el puesto 77 en el índice mundial de propiedad intelectual y el séptimo lugar en América Latina. El porcentaje de solicitudes de residentes alcanzó en 2024 el mínimo histórico del 12,4%: el 88% de las patentes tramitadas en el país pertenecen a no residentes. El plazo promedio de concesión del INPI se ubica en 60 meses —cinco años— con 48 meses de tramitación pura.
El informe también señaló que el 82,56% de las invenciones universitarias argentinas no tiene cobertura internacional, y que el 43% de las PyMEs innovadoras encuestadas declaró haber renunciado a buscar protección internacional de, al menos, una tecnología original por razones de costo y complejidad. Una encuesta a 350 actores del ecosistema nacional de innovación indicó que el 100% usaría el PCT si la Argentina adhiriera, y que el 90,9% proyecta un impacto muy positivo sobre su estrategia de innovación.
Argumento de soberanía
El eje del debate en el bloque oficialista gira en torno a si la adhesión con reserva del Capítulo II protegería la soberanía argentina en materia de patentabilidad. Los documentos técnicos presentados ante Diputados responden que no: el INPI conserva íntegramente su potestad para conceder, rechazar u observar cada solicitud en fase nacional con independencia de lo que establezca el informe del examinador PCT, ya que el artículo 27.5 del propio Tratado preserva expresamente la competencia sustantiva nacional.
AmCham Argentina subrayó en su carta que el informe preliminar del Capítulo II no es vinculante para los países, sino una herramienta que “reduce incertidumbre y costos en jurisdicciones clave, al anticipar objeciones y facilitar una gestión más eficiente del portafolio”.
CAEMe advirtió además que la adhesión al PCT está plenamente alineada con los compromisos internacionales recientes, incluyendo el ARTI con Estados Unidos y el principio de mejores esfuerzos contemplado en el acuerdo interino Mercosur–Unión Europea, firmado el 17 de enero de 2026. Para el bloque que presiona la aprobación, rechazar el Capítulo II o demorar el tratamiento equivale a enviar una señal de incumplimiento a los dos socios comerciales más relevantes del país en un momento de renegociación de las condiciones del vínculo bilateral con Washington.