El Poder Ejecutivo Nacional publicó hoy el DNU 41/2026, una medida que busca profundizar la desburocratización y dar mayor previsibilidad a las operaciones de exportación e importación en Argentina.
A través de la modificación de los artículos 226 y 323 del Código Aduanero (Ley 22.415), se redefine el sistema de Resoluciones Anticipadas, una herramienta clave para evitar conflictos legales y demoras en la aduana.
Se trata de un dictamen escrito que tanto un importador o exportador pueden pedir antes de realizar la operación y sirve para que el Estado confirme oficialmente cómo se clasificará una mercadería, cuál es su origen o cómo se valorará, brindando seguridad jurídica al operador y previsibilidad.
La medida se enmarca en la desburocratización del sector público que encabeza el gobierno de Javier Milei pero también responde a compromisos asumidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), destacó el texto oficial. Argentina tenía una prórroga para implementar estas facilidades que vencía justamente el 23 de enero de 2026. El DNU permite cumplir con los estándares internacionales de “Facilitación del Comercio” de manera inmediata, a partir de la publicación oficial.
Los 3 Cambios Clave
Hasta ahora, la Aduana centralizaba casi todas las consultas. El cambio principal es la división de Competencias ya que asumen mayor responsabilidad la Secretaría de Industria, bajo la órbita de Pablo Lavigne.
Si bien el servicio aduanero seguirá emitiendo resoluciones sobre Clasificación Arancelaria (qué es el producto) y Valoración (cuánto vale) la Secretaría de Industria y Comercio pasa a ser la autoridad competente para dictar resoluciones sobre el Origen de la mercadería (de dónde viene).
La segunda modificación, apunta a los plazos estrictos y el “Silencio Positivo” ya que el decreto establece un límite de 30 días para que el organismo correspondiente emita la resolución.
En caso de que el Estado no responda en ese plazo el operador puede realizar la exportación o importación según su propio criterio (el que planteó en la consulta); la Aduana podrá exigir una garantía, pero no detener la operación.
Por último, la norma apunta al carácter vinculante y de Seguridad Jurídica ya que una vez emitida, la resolución es obligatoria tanto para el Estado como para el privado.
Esto evita que, al momento de llegar la mercadería al puerto, un inspector cambie de criterio y aplique multas o bloqueos, siempre que no hayan cambiado las leyes o la naturaleza del producto.
Impacto esperado
Para las empresas, esto significa una reducción de la incertidumbre lo que se traduce también en menores costos a partir de poder planificar con anticipación y certezas las operaciones.
Saber de antemano cuánto se pagará de impuestos o si se cumple con las reglas de origen permite calcular costos con exactitud y reduce la discrecionalidad de los funcionarios de turno.
