Es verdad. En febrero de 1990, Cristina Kirchner ocupó por un día la gobernación de la provincia de Santa Cruz. El entonces gobernador Jaime Del Val había viajado a Buenos Aires y su vice, Ramón Granero, se encontraba de vacaciones, con lo que el Poder Ejecutivo pasó a la vicepresidenta de la Legislatura y por primera vez, quedó en manos de una mujer, entonces diputada. Lo dicen los archivos: ella fue gobernadora antes que él.

Puricelli y Del Val habían protagonizado en diciembre de 1987 la primera sucesión de un gobernador electo a otro en la historia de la provincia. No volvería a ocurrir hasta diciembre de 2003.

Durante su segundo año de mandato, Jaime Del Val sufrió un accidente cerebrovascular que lo iba a apartar por un tiempo de la gobernación. A su regreso, después de algunos meses, lo iba a esperar un juicio político en la Legislatura que lo alejaría definitivamente del poder.

Del Val no había podido encarrilar su gestión de la crisis a la que lo habían llevado la asfixia financiera y las políticas de ajuste que el gobierno nacional les imponía a las provincias. Encorsetado, con la provincia rodeada por una espiral creciente de conflictividad social y represión, envuelto en un escándalo entre las sábanas y enfermo, el gobernador resultó un objetivo fácil para un golpe institucional. Rafael Flores, entonces diputado nacional, y Néstor Kirchner, que buscaba ya su salto a la provincia, se aliaron en la Legislatura para, con la anuencia radical, empujar finalmente a Del Val de la gobernación.

Del Val no había conseguido hacerse fuerte en el PJ después de que Kirchner logró imponer en la interna de 1989 la candidatura a senador nacional del Felipe Ludueña, un viejo caudillo del SUPE de Caleta Olivia. A raíz de la fuerte oposición de Flores, Ludueña iba obtener recién un año más tarde la nominación al Senado por parte de la Legislatura provincial -la elección era entonces indirecta- en medio de intensas negociaciones con el gobierno de Menem para dejar caer a Del Val.

En el despacho del entonces ministro del Interior, Julio Mera Figueroa, se le tomaron las medidas a la mortaja política de Del Val.

Su segundo, el secretario de Interior Jorge Díaz Martínez, un catamarqueño amigo de Bombón Mercado, cuñado de Kirchner, fue enviado a Santa Cruz como observador después de que el gobernador intentó en un manotazo de ahogado disolver la Legislatura y desató un conflicto de poderes.

A pesar de que Del Val había sido uno de los pocos gobernadores que acompañaron a Menem en la interna del PJ, las señales de auxilio enviadas por el gobernador a Buenos Aires no fueron respondidas. El Gobierno no intervendría la provincia, dejaría a Del Val librado a su suerte y tendría el senador que tanto necesitaba para avanzar en la votación de las leyes fundamentales para la reforma del Estado.

Eduardo Arnold y José “Pepe” Salvini condujeron la acusación y Cristina, en sus últimos meses de embarazo de su hija Florencia, quedó a cargo de la sala juzgadora. Del Val fue enjuiciado por 13 cargos, de los cuales fueron aprobados siete, todos vinculados a irregularidades en el manejo de las cuentas públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario.

Por un acuerdo personal con Flores, quien resignaría la candidatura a gobernador a cambio de su reelección como diputado en 1993, Kirchner tenía despejado el camino en la provincia.

La asunción del senador Ludueña mereció una fiesta privada en Buenos Aires, en el boliche Hipopotamus, organizada por Bombón Mercado. La cuenta la pagó el SUPE, pero igual no eran tantos: Ludueña, Mercado, Kirchner y Flores entre los que importan. La destitución de Del Val tuvo una celebración más modesta, en la casa de su flamante sucesor, José Granero, a la que asistió Díaz Martínez, el subsecretario de Interior de Menem. Se brindó con champagne, que aportó Bombón Mercado, para entonces, ya convertido en el hombre de la comisión de festejos.

Granero, un desarrollista, armó su gobierno con hombres de Flores y de Kirchner, un gabinete impuesto. El primero aportó a Héctor Icazuriaga, “El Chango”, para el ministerio de Gobierno y a Daniel Cameron, para Economía. Kirchner puso a su hermana Alicia en Asuntos Sociales y al arquitecto Julio De Vido, en Vialidad provincial. Aunque se trataba de un gobierno de unidad, cuando todavía faltaba un año y medio para la elección de gobernador, la crisis institucional apenas si había empezado en la provincia.

Los problemas financieros de la provincia no se habían ido con Del Val. A pesar de un aumento dispuesto por Granero para acompañar la inflación, los empleados públicos cobraban sus salarios en dos cuotas y las huelgas paralizaban la administración pública. En 1990 hubo la menor cantidad de días de clase que se recuerde en la provincia y los chicos pasaron de grado por decreto.

A los únicos que se les garantizó el pago en una sola vez fue a la policía, con el propósito de asegurarse los mecanismos de control de la protesta social. El primer estallido provino precisamente… de la policía. El gobernador Granero empujaba un changuito del supermercado Casa Tía cuando un grupo de policías que se había autoacuartelado irrumpió a los tiros en la casa de Gobierno.

Cristina, que estaba de licencia en la vicepresidencia de la Cámara por el nacimiento de Florencia, contó a una revista que esa noche de tensión en la provincia Kirchner le pidió varias veces que apurara su vestuario para salir a la calle: el PJ se había declarado en alerta ante lo que parecía un intento de golpe policial. Con la gendarmería patrullando las calles, ella, de pie frente al espejo de su vestidor y retocando su maquillaje, le respondió: “Mirá, por mí pueden desembarcar los marines que yo a la calle sin perfume no salgo”.

La interna del peronismo estaba lanzada. La relación entre Granero y las tres corrientes del partido que lo sostenían se había deteriorado después de la crisis policial. Icazuriaga, cuestionado y en el medio de una tormenta política, abandonó el gobierno. También lo hizo Alicia. Cameron, entonces en Economía y ex secretario de Energía de la Nación, iba a pagar con el tiempo un alto precio con Kirchner por haberse negado a desviarle fondos para levantar su gestión en Río Gallegos.

Los insistentes reclamos de la provincia al gobierno nacional por un adelanto de regalías petroleras fueron desoídos. El 1º de Mayo de 1991, Granero leyó el discurso de apertura de sesiones de la Legislatura. A los dos días, Pepe Salvini, titular de la Cámara, recibió un sobre con su renuncia, motivada en cuestiones personales.

Los teléfonos de la Legislatura provincial ardían. El ministro del Interior, Mera Figueroa, y Eduardo Bauzá, secretario general de la Presidencia, le reclamaban al peronismo que se hiciera cargo de una vez del gobierno. Ya había demasiado para Menem con los problemas que presentaban Tucumán, Salta, Chubut, Catamarca, con sus gobernadores en la cuerda floja. Pero Kirchner se negaba a que uno de sus hombres, Salvini, asumiera a tan sólo cuatro meses de la elección.

Héctor “Chicho” García, un diputado de la corriente de Puricelli y hoy suegro de Máximo Kirchner, accedió finalmente a hacerlo. Fue una gestión breve, apenas siete meses, pero recordada por un hecho que sería clave para gestión de Kirchner: el acuerdo de Puerto Deseado, por el que la Nación reconocía a la provincia el cobro de unos 480 millones de dólares -más tarde llegarían a 630 millones- por regalías petroleras mal liquidadas.

Menem se trasladó a esa ciudad del norte de la provincia y compartió palco con el gobernador García, Kirchner y Puricelli, que competirían para acceder a la gobernación por la ley de Lemas. El Presidente había llegado acompañado por el flamante ministro del Interior, José Luis Manzano, quien apenas si pudo saludar a su candidato, Néstor Kirchner: debió volverse de urgencia a Buenos Aires, donde había sido secuestrado el empresario Mauricio Macri.