Mientras el ministro de Defensa, Luis Petri, se empeña en redireccionar a las Fuerzas Armadas en la vigilancia de las fronteras, la tensión crece dentro de un ambiente con malos salarios y poco acceso a la vivienda. En este sentido, la empresa que construía casas para la Armada Argentina, COVIARA, apura los balances para terminar con su liquidación y los empleados interponen un recurso de amparo.
La firma debió pedir una partida de 600 millones de pesos a Luis Petri para regularizar la situación antes de cambiar de nomenclatura. Esto último fue confirmado por fuentes allegadas a Luis Petri a El Cronista, la partida vendría del Ministerio de Economía.
La empresa se encargaba de construir casas que vendía de manera preferencial a integrantes de la Armada Argentina y la Prefectura Naval.
En este sentido, la firma tiene en su cartera terrenos preferenciales y departamentos en la ciudad de Bahía Blanca, Punta Indio y San Nicolás de los Arroyos.
A través de una licitación pública la empresa Construcción de Viviendas para la Armada Argentina S.E. (COVIARA), convocó a la presentación de ofertas para realizar Servicio de Auditoría Externa Contable, correspondiente al ejercicio anual 2021, 2022, 2023, 2024 y al ejercicio irregular 2025. Precio de Referencia: $ 70.000.000,00 IVA incluido.
Dicha licitación se abrirá el 2 de junio, tiene como objetivo terminar con los balances para poder lograr la reconversión a Sociedad Anónima tantas veces anticipada, pero no concluida por falta de estabilidad financiera.
Según indicaron fuentes internas, luego de varias gestiones realizadas ante el Ministerio de Defensa y otros altos funcionarios del ministerio, COVIARA fue autorizada a hacer un pago a cuenta de las expensas comunes que no pagó el último año y medio.
Paralelamente, los empleados de la institución que mantienen una situación irregular con esta gestión presentaron una demanda de amparo contra la empresa y el Estado Nacional.
Los motivos que sustentan la demanda son el reclamo por el pago urgente de salarios adeudados (más de tres meses, con intereses y premios por antigüedad).
Además, exigen el pago inmediato de aportes previsionales y de salud no realizados. En este sentido también se solicitó una medida cautelar para suspender la transformación de COVIARA en una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) y su fusión con la empresa Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A., según el Decreto 117/2025.
Entre los principales hechos denunciados están la suspensión unilateral del pago total o parcial de salarios desde febrero de 2024.
No se pagaron aumentos salariales ni bonos establecidos en las paritarias del sector público, mientras que los empleados siguen prestando servicios.
La demanda describe la situación como "trágica y absurda" al gastar dinero para trabajar sin percibir ingresos. Otro punto es que dejaron de contar con cobertura de salud por falta de aportes.
El punto que pone en cuestionamiento el decreto 117/2025 que dispone la transformación de COVIARA en SAU y su fusión sostiene que este decreto afectaría aún más el cobro de salarios y derechos laborales, generando dilaciones, cambio de régimen jurídico y riesgos de que una eventual sentencia quede sin efecto.
Finalmente argumentaron que el decreto se basa en un DNU (N° 70/2023) cuyo plazo de aplicación ya expiró.
Los empleados pidieron al juez que suspenda inmediatamente el proceso de transformación/fusión de COVIARA hasta que se resuelva la situación salarial, para evitar un perjuicio irreparable.
