Al mediodía, el documento del Partido Justicialista en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner era de dos páginas. Pero a las 19, tras otro breve cónclave ordenado por la Casa Rosada en la sede nacional, el texto que leyó el apoderado partidario, el diputado Jorge Landau, tenía cinco carillas. Derrotada la postura más conciliadora en las negociaciones previas, susurrada sobre todo por los gobernadores, la plana mayor del peronismo K denunció un complot contra el Gobierno en la muerte del fiscal Alberto Nisman de grupos mediáticos, oposición, jueces y sectores de inteligencia.

Para muestra basta el título: "Exigimos el cese del uso de la mentira, la calumnia y la difamación como herramienta política al servicio de oscuros intereses". El comienzo del texto aprobado en 5 segundos por el Consejo Nacional en un auditorio colmado de funcionarios nacionales, es explosivo, más duro que anteriores documentos pejotistas, al argumentar que la Presidenta es objeto de "denuncias sin sustento y falacias reiteradas promovidas por grupos mediáticos concentrados". Habla de "mentiras sistemáticas de medios de comunicación opositores", destacando a los diarios Clarín y La Nación.

"Si el documento menciona a Clarín o a (su CEO, Héctor) Magnetto, ganaron los ultras", apostaban con pocas esperanzas en una de las gobernaciones que pugnaban por un texto más institucional, de defensa a la Jefa de Estado, reclamando celeridad a la Justicia pero con menor intensidad que el del bloque de Diputados. El siempre cauteloso Daniel Scioli, que ya tenía previsto llegar tarde al mitín, no alcanzó a ver el borrador final. Por eso, mientras se leía en vivo ante las cámaras de TV, su rostro lo dejó en evidencia.

Las diferencias pejotistas saltaban a medida que los dirigentes iban llegando a la sede de Matheu al 100. Mientras el diputado Carlos Kunkel afirmaba que la muerte de Nisman era "un crimen", en sintonía con el retoque discursivo oficial, que parece validar aún más la tesis conspirativa que un suicidio; el mandatario de Salta, Juan Manuel Urtubey, sostenía que "eso lo determinará la Justicia". La llegada del Secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, ya presagiaba que el documento no sería edulcorado. Las palabras fueron seleccionadas además por el tradicional escriba pejotista, el jefe de Gabinete Jorge Capitanich (que usa un Word con el usuario de su antecesor, Juan Manuel Abal Medina), con las revisiones del otro apoderado, el diputado camporista Eduardo Wado de Pedro.


Por eso, no hay matices en el texto del PJ, que sigue repitiendo la tesis oficial de la supuesta conspiración que liga el repentino regreso al país del fallecido Nisman con su denuncia en un contexto de conmoción internacional por el ataque a la revista francesa Charlie Hebdo. "La conjugación de intereses entre servicios de inteligencia desplazados, grupos de jueces y fiscales utilizados con finalidades golpistas", recrimina.


Más adelante, el PJ responsabiliza, en línea con la defensa oficial, a una interna de la ex Side. "Asistimos a otra muestra de las peores prácticas de servicios de inteligencia con fines extorsivos cuyos móviles es convertir a víctimas en victimarios".


"Lamentamos la muerte del fiscal Alberto Nisman, pedimos que la investigación se esclarezca para conocer quien presionaba, extorsionaba o dirigía al mismo", se inicia el onceavo párrafo, la primera de las únicas tres veces que se menciona al fallecido investigador del atentado a la AMIA.