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El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, dijo este martes que presentará un pedido de jury contra la jueza Laura Beatriz De Marinis. Se trata de la magistrada que declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad en un caso de tentativa de robo y sobreseyó a un adolescente de 14 años.
“Yo voy a estar presentando a título personal el pedido de jury a esta jueza para que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad analice e interprete, porque ese es el tipo de procedimiento, si esta jueza cumplió o no con su tarea”, expresó.
“Estamos indignados”: la reacción del ministro de Justicia porteño
El funcionario cuestionó, en diálogo con Radio Mitre, la resolución de la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3. “Estamos indignados. Este tipo de fallos te ponen en crisis todo un trabajo que se viene haciendo, que se hizo en el Congreso Nacional, que bajó la edad de imputabilidad para que aquel que no cumple la ley tenga sus consecuencias”, sostuvo.
“Los jueces no están para interpretar la ley, porque para eso están los legisladores”, reclamó Tapia. Luego agregó que el pronunciamiento de De Marinis “ningunea inclusive un debate que se dio en el Congreso” y que resulta “atacable por donde se lo mire”.
En esa línea, el ministro aclaró también que la decisión judicial no suspendió la vigencia de la Ley Penal Juvenil en el territorio porteño. “Es un fallo de primera instancia que se aplica primero y principal a este único caso. O sea que la ley está vigente en la Ciudad”, señaló.
Tapia afirmó que la fiscalía presentó un recurso contra la decisión. “Esta mañana acabo de cortar con el fiscal general, ya está presentada la apelación y estoy seguro que la Cámara lo va a revocar, lo va a dar vuelta, porque argumentos hay para eso”, expresó.
El funcionario vinculó la iniciativa de jury con el objetivo de que el Consejo de la Magistratura revise la actuación de la magistrada. “Así como trabajamos para que el delincuente o aquel que incumpla la norma tenga sus consecuencias, también, si hay algún juez que no está cumpliendo o aplicando la norma y se dedica a interpretarla, vamos a trabajar para que tenga sus consecuencias”, planteó.
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad apeló el polémico fallo de la jueza
El caso también generó la reacción inmediata del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que apeló el fallo de la jueza de Marinis.
Los integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil, Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra apelaron el dictamen de la magistrada dado a conocer en las últimas horas y solicitaron además que sea apartada de la causa, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.
“En síntesis, la decisión recurrida que declara la inconstitucionalidad del art. 1 de la LN 27.801 se apoya en fundamentos aparentes y no constituye derivación razonada del derecho vigente y, en consecuencia, corresponde su descalificación como acto jurisdiccional válido en los términos de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencia”, destaca el escrito.
El fallo de la jueza porteña que declaró inconstitucional la nueva ley penal juvenil
La resolución fue dictada por la magistrada, quien interviene en una causa iniciada este mes a partir de un episodio en el que estuvieron involucrados al menos cuatro adolescentes. El Ministerio Público Fiscal había calificado el hecho como “tentativa de robo”.
Según consta en el expediente, el grupo habría intentado sustraerle el teléfono celular a un hombre de 47 años. La víctima logró escapar del lugar y, a pocos metros, pidió asistencia a un agente de la Policía de la Ciudad.
El episodio ocurrió el 10 de septiembre y derivó en la intervención del fuero penal juvenil porteño. En su resolución, De Marinis consideró que correspondía sobreseer al adolescente de 14 años a partir de su cuestionamiento constitucional al régimen que habilita la persecución penal desde esa edad.
La magistrada sostuvo que la respuesta del Estado frente a las infracciones cometidas por niños y adolescentes no debería comenzar necesariamente por el sistema penal. En ese sentido, planteó que los adultos tienen una responsabilidad previa vinculada con las condiciones de vida y el acompañamiento durante la infancia.