La industria pesquera argentina cerró el 2025 con un crecimiento del 3,9% en valor y más de 523.000 toneladas enviadas al exterior, sin embargo, crece el malestar por la “asimetría fiscal” que amenaza la supervivencia de las flotas y plantas procesadoras. Con un total de u$s 2066 millones en exportaciones, el sector reafirmó su rol como uno de los grandes motores de divisas genuinas para el Banco Central y se posiciono en el octavo lugar, entre los 10 principales exportadores. Según un informe de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA), el gran responsable de que los números cerraran en verde fue el calamar Illex. Su desempeño fue explosivo, con un incremento del 47,7% en valor exportado, lo que inyectó u$s 178 millones adicionales al complejo. Este fenómeno permitió amortiguar el impacto de un año negro para el langostino, cuya producción se vio golpeada por conflictos gremiales que paralizaron la flota durante casi tres meses, resultando en una pérdida de 40.000 toneladas desembarcadas. A pesar de la menor oferta, los precios internacionales jugaron a favor: el langostino entero registró un alza del 28,8% en diciembre, promediando los u$s 6642 por tonelada. No obstante, desde el sector advierten que los buenos precios son volátiles y no alcanzan para cubrir una estructura de costos internos que no deja de subir. Los tres principales destinos —China, España y Estados Unidos— concentraron el 49,2% de las exportaciones. En 2025, China pasó a liderar el ranking de compradores, impulsada por mayores envíos de calamar, mientras que la menor producción de langostino congelado a bordo redujo las ventas a España. A través de un documento enviado al ministro de Economía, Luis Caputo, las cámaras que integran Intercámaras de la Industria Pesquera pusieron el foco en una contradicción de la política pública: mientras el Gobierno avanzó en la eliminación de retenciones para economías regionales del NOA y NEA, y otorgó beneficios clave al sector petrolero y gasífero, la pesca sigue tributando Derechos de Exportación. “Somos una de las pocas actividades netamente exportadoras que aún mantiene retenciones, pese a definir la estructura social y el empleo de ciudades enteras”, detallaron las entidades. El reclamo no es solo por una cuestión impositiva, sino de competitividad internacional. Argentina compite globalmente contra flotas de otros países que no solo poseen acuerdos comerciales de “tasa cero” en los mercados de destino, sino que además cuentan con subsidios estatales a la producción. En este escenario, las retenciones argentinas actúan como un impuesto “inexistente en otras pesquerías del mundo”, colocando al producto nacional en una desventaja estructural. A diferencia de otros complejos productivos que pueden volcar parte de su producción al mercado local ante crisis externas, la pesca argentina es eminentemente exportadora. Con un consumo interno que apenas roza los 5-6 kg por habitante al año, más del 90% de lo capturado debe salir del país. Esta dependencia total del mercado externo hace que cualquier impuesto a la exportación impacte de forma directa y letal sobre la rentabilidad. “La eliminación de retenciones es la medida de menor costo fiscal para el Estado y de mayor impacto social para el litoral”, sostienen desde el sector. La preocupación trasciende los balances contables de las empresas. La actividad pesquera es el corazón de encadenamientos productivos que incluyen talleres navales y metalmecánica; logística de frío y transporte y estibaje y servicios portuarios. Sin un alivio fiscal, advierten que el deterioro en ciudades como Mar del Plata, Puerto Madryn, Rawson, Puerto Deseado y Ushuaia será “irreversible”. El pedido al Gobierno es claro: que la pesca reciba el mismo tratamiento estratégico que el complejo petrolero o el de software, permitiendo que el récord de divisas se traduzca en inversiones reales y no solo en un alivio temporal para las arcas públicas.