El Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley para conseguir autorización de los acuerdos alcanzados con dos fondos internacionales que demandaban a Argentina por bonos en default.
El texto enviado al Congreso propone la aprobación de las negociaciones alcanzadas con Bainbridge Fund y Attestor Master Value y los pagos que fueron consensuados con las entidades.
El acuerdo alcanzado con Bainbridge prevé que Argentina debe pagar u$s 67 millones para cancelar una deuda que superaba los u$s 96 millones, lo que implica una quita de aproximadamente el 30%.
En el caso de Attestor, Argentina pagará u$s 104 millones, también con una quita de más de 30% respecto del monto originalmente negociado, de u$s 266 millones.
El pago a los fondos se realizará en efectivo al momento en que se entreguen los títulos cancelados. Además, los costos de representación serán cubiertos por los fondos, lo que no implica costos para Argentina.
La aprobación del Congreso es necesaria ya que se trata de erogaciones de gastos adicionales que deben ser consensuados.
El Gobierno aspira a que las cámaras lo traten con celeridad. Es que plantean cierta urgencia, ya que los acuerdos tienen fecha límite para el 30 de abril de este año.
Esto quiere decir que, si el Congreso no aprueba los pagos, los acuerdos caen automáticamente y deberá reiniciarse los procesos de negociación o judiciales.
Si no llegara a entrar por agenda legislativa, está previsto dentro de los acuerdos prolongar los plazos en casos puntuales.
Concretado el pago, ambos acordaron cesar cualquier reclamo sobre los bonos incluidos en el acuerdo.
El ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, explicó a El Cronista que la premura quizás esté explicada por el hecho de que las sentencias están en ejecución y la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, ya había ordenado compensarlos con acciones de YPF.
Las primeras reacciones se hicieron notar por parte de los tenedores de bonos de deuda argentina agrupados, que celebraron: “Después de meros 25 años, Argentina finalmente resolverá todas las reclamaciones derivadas de su default de 2001. Felicitaciones al presidente Milei”.
Pese a eso, también aprovecharon para presionar por el reclamo por los juicios a su favor en el caso del Cupón de PBI.
“Ahora, debe resolverse la sentencia de Londres por el default en los bonos ligados al PBI. Recuerden, los bonos fueron emitidos a aquellos que no demandaron por el default de 2001″, planteó la agrupación que nuclea a los bonistas que entraron a los canjes de deuda.
Cabe recordar que los fondos habían pedido ser incluidos en los reclamos para hacerse con acciones de YPF en el medio del proceso judicial en el que los demandantes por la expropiación, Burford Capital en representación de Petersen y Eton Park, pedían que se les entreguen las acciones del Estado sobre la compañía.
Los juicios
Los dos juicios sobre los que pesan los acuerdos responden a los bonos en default de 2001. Desde aquella cesación de pagos, el Gobierno argentino abrió multiples instancias de negociación con los acreedores para obtener reestructuraciones con distintos grados de quita o recorte de deuda.
Los dos fondos optaron por no negociar e ir a juicio en reclamo de la totalidad de la deuda.
La sentencia originaria de Bainbridge es de 2020 por u$s 96 millones, más intereses que corren desde entonces. En 2023, el fondo solicitó un proceso de discovery, como se conoce al procedimiento para detectar bienes o activos embargables a fin de cobrar la sentencia.
En ese proceso, el Estado nacional entregó información sobre las cuentas del Banco Central y sus títulos. En mayo, Bainbridge se sumó al pedido de entrega de las acciones de YPF en manos del Estado, planteo que fue apelado por Argentina. En ese entonces, la Corte de Apelaciones decidió suspender el proceso hasta que se resolviera el recurso y había fijado una audiencia oral para abril de este año.
El pedido de activos y acciones se extendió también sobre las tenencias del Estado en el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
En el caso de Attestor, contaba con 16 sentencias por un monto de u$s 465 millones.
En marzo de 2025, los fondos encabezados por Attestor pidieron ejecutar u$s 209 millones, correspondientes a las garantías de los bonos Brady que estaban depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, por lo que se redujo el saldo final a pagar de la sentencia a u$s 266 millones.
En este marco también está en litigio la determinación sobre el remanente de las garantías de los bonos Brady, equivalente a u$s 96 millones. La Corte del Distrito determinó que los acreedores debían recibir los fondos, pero la decisión fue apelada.
Attestor también pidió un discovery así como la entrega de acciones de YPF.
Los acuerdos
Entre los beneficios para Argentina de ambos acuerdos, desde el Ejecutivo destacaron, además de la rebaja del 30%, la extinción de la litigiosidad múltiple porque en el caso de Attestor se agrupan litigios mientras que en el de Bainbridge se establece la condicionalidad de que el acuerdo está atado al cierre de Bainbridge Ltd, lo que garantiza que el Estado resuelva un bloque mayoritario de deuda en mora.
Por último, se incluyó la cláusula Standstill, en la que los fondos se comprometen a no iniciar nuevas acciones y a “no intervenir en operaciones de manejo de pasivos o financiamiento que la República Argentina emprenda antes del cierre”.
Según explicó Saravia Frías, el requisito de stand still está vinculado con la meta de no obstaculizar posibles emisiones de deuda que el país concrete a futuro. Esta figura suele aplicarse durante los litigios y no cuando se alcanzó un acuerdo.
La premura de la presentación ante el Congreso fue uno de los factores que suscitó dudas. Una de las alternativas que expliquen la celeridad tiene que ver con que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya le ha planteado a la Argentina la necesidad de alcanzar acuerdos en sus distintos frentes judiciales.
Aún no se conoce el texto de la segunda revisión del programa con el FMI, en el cual figurarán las acciones previas solicitadas por el organismo para entregar a Argentina los u$s 1000 millones correspondientes a la revisión.
Los demandantes se comprometen a cesar en sus reclamos de embargos de bienes de la República, en particular los que recaían sobre las acciones de YPF, así como sobre los reclamos que recaían sobre el Banco Nación y Aerolíneas. También implica que las partes no presentarán otros reclamos para incautar bienes de Argentina.
Por último, da por tierra con los pedidos de discovery.