El Gobierno oficializó hoy el aumento de 2,3% más una suma de fija de $ 1.500 para jubilados y pensionados a partir del 1 de marzo.

La medida significará un incremento del 13% para quienes cobran el haber mínimo, que pasará de los $ 14.068 actuales a $ 15.892, e incluye también a las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Jubilados: presentan el primer amparo contra los aumentos del Gobierno

Lo anunció Eugenio Semino, el Defensor de la Tercera Edad, en conferencia de prensa. La medida es por la suspensión de la movilidad decidida por el macrismo y ante las diferencias en el porcentaje de suba de aquellos que cobran la mínima y los que no.

Así lo dispone el decreto 163/2020, publicado hoy en el Boletín Oficial luego del anuncio realizado el viernes último por el presidente Alberto Fernández junto a los titulares de la Anses, Alejandro Vanoli, y del PAMI, Luana Volnovich..

Allí se destaca que la decisión fue adoptada “con el objetivo de acompañar y cuidar a los sectores más vulnerables y más necesitados de la sociedad .

Los incrementos otorgados, añade el decreto, “regirán a partir del 1° de marzo de 2020 y quedarán incorporados como parte integrante del haber de las prestaciones alcanzadas y de las asignaciones familiares, respectivamente .

La medida, publicada en el BO, ya despertó la alarma entre constitucionalistas que, consultados por El Cronista, advirtieron sobre una nueva catarata de juicios contra el Estado.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien desde hace tiempo asesora al defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, consideró que "si se compara con la anterior fórmula y lo que se va a establecer, habrá una regresión normativa. Porque los que están por encima de la mínima van a ganar menos de lo que deberían haber ganado", opinó.

Por ello presentarán un amparo colectivo. Según adelantó Gil Domínguez, se busca que incluya a todos los jubilados afectados, ya que muchos no tienen acceso a la Justicia ni recursos para acceder a un abogado. Sobre el devenir de la cuestión, aclaró que si en primera instancia se rechaza la cautelar podrían pedir un per saltum para que sea la Corte Suprema quien deba expedirse.

Su colega Daniel Sabsay comparte la visión de que se trata de una medida inconstitucional, y lo justifica de dos maneras. Por un lado, "viola el principio de progresividad. El goce de un derecho puede aumentar, pero no puede ser tirado hacia abajo en lo sucesivo", lo cual está previsto en el Pacto de San José de Costa Rica. Pero, por otro lado, también se viola la igualdad ante la ley ya que, según Sabsay, "existe una desproporción entre quienes cobran la mínima y el resto, a quienes se les hace una quita". Igualmente, prevé que serían juicios largos, de muchos años. "Es una trampa", graficó, ya que en el camino mueren muchos beneficiarios.

El constitucionalista Félix Lonigro aclaró, a su turno, que los que cobran la mínima no están afectados, pero que "no importa si es una parte minoritaria: hay un universo de jubilados a los que se aplica un criterio diferente".