La guerra legal de la Argentina contra el default tiene una nueva batalla. El país anunció que presentará hoy intimaciones al Citibank Argentina y al Banco de Nueva York Mellon (BoNY) encaminadas a que distribuyan normalmente los pagos que realizó en tiempo y forma la República Argentina a los bonistas del canje, así como sobre los futuros pagos. De esta forma lo indicó en un comunicado el Ministerio de Economía, que comanda Axel Kicillof.


Mientras el juez Thomas Griesa habilitó la semana pasada por única vez al Citibank a efectivizar el pago de bonos emitidos bajo jurisdicción argentina, aún mantiene trabado el desembolso de u$s 539 millones que deben ser distribuidos entre los bonistas que entraron en las reestructuraciones de deuda argentina de 2005 y 2010. El país depositó el dinero antes de que venciera el pago, el 30 de junio pasado. Se trata de los bonos que están ahora en default, después de que, vencido el mes de plazo, están a la espera del pago de los seguros por parte de la international Swaps and Derivatives Association (ISDA).


Según la cartera de Hacienda, los fondos en manos del BoNY pertenecen por derecho a los bonistas del canje y su cobro ha sido bloqueado indebidamente por el juez, quien, a pesar del tiempo transcurrido, parece desconocer por completo el hecho de que existen bonos ley Argentina, ley Reino Unido, ley Nueva York y en distintas monedas. El comunicado agrega que el megistrado, se excede en sus atribuciones y en su jurisdicción.


Adicionalmente, el gobierno nacional publicará (hoy) en la prensa nacional e internacional un aviso legal dirigido a los bonistas que participaron de los canjes para que ejerzan sus derechos dirigidos a cobrar los fondos oportunamente depositados por la República Argentina.


El lunes, la Comisión Nacional de Valores (CNV) solicitó formalmente información a la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) con el fin de investigar las maniobras especulativas realizadas por los fondos buitre en el contexto de la causa que se tramita en el juzgado del juez Griesa.


Esta investigación se suma a la intención del gobierno nacional de acudir a organismos internacionales, como La Haya, para denunciar el accionar, tanto del juez Griesa como del mediador, Daniel Pollack, en el proceso que derivó en el default del país.