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El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), resolvió dar de baja a dos obras sociales por no haber subsanado irregularidades detectadas hace más de dos años.

Se trata de la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín, ambas declaradas en crisis desde 2022.

¿Por qué fueron eliminadas las obras sociales?

Según las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025 publicadas en el Boletín Oficial, las entidades no cumplieron con los planes de contingencia exigidos ni presentaron la documentación requerida para regularizar su situación financiera y operativa. En el caso del Ingenio San Martín, el factor de criticidad registrado fue de 0,6875, incumpliendo múltiples criterios técnicos.

La decisión se enmarca en una política de mayor control y transparencia impulsada por la gestión de Javier Milei, que busca depurar el sistema de salud de entidades ineficientes o irregulares, conocidas como "sellos de goma".

¿Qué pasará con los afiliados de las obras sociales?

Desde el Gobierno aseguraron que los beneficiarios no perderán su cobertura médica. Podrán ejercer su derecho a elegir otra obra social, y en caso de no hacerlo, la SSS les asignará una alternativa de similares características. Además, las entidades deberán comunicar formalmente a sus afiliados el inicio del proceso de baja.

¿Cuántas obras sociales ya fueron dadas de baja?

Con estas dos nuevas exclusiones, ya son cinco las obras sociales eliminadas del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) en la última semana. A ellas se suman la Obra Social del Personal Aduanero, la del Personal de la Industria Botonera y la del Personal Cinematográfico de Mar del Plata, que también enfrentan procesos de liquidación.

¿Qué busca el Gobierno con estas medidas?

El objetivo es garantizar un sistema de salud más eficiente, sustentable y transparente. La SSS intensificó las auditorías sobre las casi 300 entidades registradas, priorizando la calidad del servicio y la correcta administración de los fondos públicos.

Además, se modificó el cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), lo que afectó la recaudación de muchas obras sociales sindicales con baja cantidad de afiliados.