Ante el comunicado de Telefónica confirmando su acuerdo con Telecom de Italia para aumentar su participación en la sociedad Telco (controlante de la empresa italiana), reaccionó el Gobierno y pidió a los órganos de control que se investigue el alcance de la operación, por si “vulnera los compromisos asumidos por ambas compañías ante el Estado Nacional en octubre 2010”.

El ministerio de Planificación, que dirige Julio de Vido, aclaró en un comunicado que “ante versiones acerca de la ampliación de la participación de Telefónica de España en Telecom Italia, que aumentaría del 46 al 66 por ciento su cuotaparte del capital accionario de Telco, controlante de la empresa italiana, el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios instruyó a la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) y a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) para que estudien y analicen todas la información pública, tanto oficial como periodística, acerca de dicha operación, y ordenó que se le dé parte a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas, a los efectos de establecer si esta modificación accionaria vulnera los compromisos asumidos por ambas compañías ante el Estado Nacional en octubre de 2010”.

El Cronista había anticipado en su edición de hoy la preocupación del Gobierno ante el aumento accionario de Telefónica y su repercusión en el mercado local.

El ministerio de De Vido recordó que “a través de ese acuerdo (con el Estado), Telefónica de España, y sus socios Intesa San Paolo, Assicurazioni Generali y Mediobanca en TELCO, y Telecom Italia se comprometieron a observar conductas que limitaran el control de la empresa española respecto de las operaciones en la Argentina, lo cual implicaba no innovar respecto de las relaciones de control que esta detenta a efectos de evitar un mayor poder de mercado "aguas abajo" en la Argentina (Telecom Argentina Y Telefónica de Argentina)”.

Y remarca, ante la eventual amenaza de una posición monopólica, que “cualquier cambio debía ser procompetitivo y ser aprobado expresamente por el Gobierno Argentino, que como en el 2010 se encargará de preservar las condiciones de transparencia y competencia en nuestro mercado”.