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La marcha y los incidentes que se produjeron en las inmediaciones del Congreso este jueves pusieron en agenda nuevamente el reclamo por el cumplimiento de la ley 27.795 de financiamiento universitario. Es que, la norma, desde su aprobación, no fue aplicada por el Gobierno efectivamente y el principal argumento es fiscal.
Al respecto, un informe de la consultora Zentrix, al que accedió El Cronista, pone a prueba el planteo oficial al analizar el propio proyecto de Presupuesto 2027 que el Ejecutivo envió al Parlamento para su tratamiento.
Cuánto cuesta cumplir la ley: qué analiza el informe
La conclusión del documento es que el costo de cumplir la ley cabe dentro del gasto ya previsto, que no altera el resultado fiscal proyectado y que lo que está en discusión no es la existencia de recursos, sino su asignación.
La estimación de Zentrix parte del crédito que el artículo 12 del proyecto 2027 asigna a las universidades, de $ 7,35 billones. Con un peso de los salarios del 87%, unos $ 6,39 billones irían a personal y unos $ 0,96 billones a funcionamiento. Todos los valores del informe están expresados en pesos corrientes de 2027 y son adicionales a lo que el proyecto ya prevé.
El primer escenario es el de la cautelar que emitió la Justicia para que se cumpla la norma y obliga a efectivizar la recomposición salarial y las becas. La “brecha para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023 se ubica entre 28,5% y 34,5%”, según distintas mediciones que cita el informe.
Aplicada a la masa salarial del proyecto, la recomposición cuesta entre $ 1,8 y $ 2,2 billones, con un valor central de $ 2,0 billones, lo que equivale al 1% del gasto total y al 0,14% del PBI. Las becas tienen un peso menor y no pueden cuantificarse con precisión porque el proyecto no las abre por programa.
El segundo escenario es el de la ley completa, si la sentencia de fondo queda firme. Además de los salarios, se suman la actualización de funcionamiento, hospitales, ciencia y técnica y extensión, y el financiamiento de la investigación.
La propuesta del CIN
Cabe señalar que el conflicto se da en un contexto de deterioro salarial. Según el informe, el salario universitario acumula una pérdida real de entre 22% y 26% respecto de noviembre de 2023, aun después del acuerdo del 10 de junio de 2026 entre el Gobierno, el CIN y los gremios.
Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), cumplir la ley exige partir de una base de $ 9,8 billones, y el organismo pidió $ 11 billones para 2027, de los cuales $ 8,4 billones serían de personal y $ 2,6 billones de funcionamiento.
Frente a los $ 7,35 billones del proyecto, la brecha es de $ 2,45 billones con la base legal estimada, el 1,2% del gasto y el 0,18% del PBI. Con la propuesta del CIN llega a $ 3,65 billones, el 1,8% del gasto y el 0,26% del PBI. Como referencia, el informe recuerda que la Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado en 0,23% del PBI el costo de la ley para 2025.
En este sentido, la consultora aclara que los rangos dependen de la inflación de 2027 y de la base salarial de partida, por lo que les asigna un “nivel de certeza medio”. Tampoco estima las diferencias retroactivas de 2024 a 2026, cuya liquidación requiere un cálculo por período y concepto.
De dónde salen los fondos
Según el informe, el dinero está en “Obligaciones a cargo del Tesoro”, el espacio que más crece en el proyecto 2027: pasa de $ 5,64 a $14,81 billones, un aumento real del 116,9%. A diferencia de un ministerio, no ejecuta políticas propias, sino que canaliza asistencia financiera a empresas públicas, entes y otros destinos, y la administra la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía.
Más de la mitad de su crédito corresponde a “otras asistencias financieras”, una categoría que el proyecto no abre por beneficiario y que suma $ 7,68 billones.
¿Se rompería el equilibrio fiscal?
Según el informe, el cumplimiento de la norma no rompería el equilibrio fiscal, tan resguardado por el Gobierno.
El argumento central es que esos fondos ya forman parte del gasto total del proyecto, que asciende a $ 202,1 billones. Destinarlos a universidades no modificaría, entonces, el equilibrio financiero que el propio Ejecutivo proyecta para 2027: lo que reduce es el margen discrecional para asignar gasto durante el año.
En términos del PBI, la brecha de entre 0,14% y 0,26% se compara con un resultado primario previsto para la Administración Nacional del 1,1% del PBI. Para el informe, la discusión no es de “factibilidad macroeconómica”, sino una cuestión de prioridad de asignación.
