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Desde diciembre de 2023, el Gobierno asumió un compromiso innegociable: el equilibrio fiscal no se mueve un ápice. En este marco, la administración de Javier Milei prevé alcanzar un superávit primario de 1,5% del PBI en 2026, una mejora respecto al 1,4% registrado en 2025.
Sin embargo, la meta no está exenta de presiones. No solo los ocho meses consecutivos de caída real interanual en la recaudación y la reducción de retenciones a las exportaciones dispuesta a fines de 2025 amenazan el objetivo, sino que algunas leyes clave también podrían tensionarlo, según un informe de PwC.
La ley de Modernización Laboral, sancionada a fines de febrero y promulgada en el Boletín Oficial a comienzos de marzo, incluyó la eliminación de impuestos internos vinculados al consumo e impulsó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema de indemnizaciones destinado a financiar pagos vinculados a la extinción de la relación laboral con aportes mensuales de los empleadores sobre la masa salarial: 1% para las grandes empresas y 2,5% para las pymes, sujeto a que el Ejecutivo los eleve a 1,5% y 3%, respectivamente.
En el caso de los impuestos internos, el documento consigna que la caída de ingresos para lo que resta del año es de aproximadamente 0,022% del PBI. El FAL, por su parte, tendría un costo fiscal base de entre 0,15% y 0,18% del PBI, dependiendo de si el Gobierno incrementa las alícuotas.
No obstante, cabe mencionar que la Justicia Nacional del Trabajo dictó una medida cautelar que suspendió preventivamente más de 80 artículos, entre ellos el del Fondo de Asistencia Laboral. Por lo tanto, si bien el esquema entraría en vigencia a partir del 1° de junio —pendiente su reglamentación—, aún resta saber si la gestión mileísta podrá revertir la decisión.
Por fuera de la ley de Modernización Laboral, otras dos leyes sancionadas en 2025 podrían generar más presión sobre las cuentas públicas: la ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.
En el primer caso, el costo estimado es de 0,23% del PBI, cifra que, según PwC, surge de restituir las transferencias a universidades nacionales a sus valores reales de 2023 y que coincide con la estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Actualmente, la ley se encuentra en disputa judicial y el Gobierno presentó una propuesta alternativa de menor impacto sobre las cuentas públicas. Su aplicación plena no está garantizada.
En tanto, la Ley de Emergencia en Discapacidad tiene un costo fiscal más elevado, de entre 0,25% y 0,48% del PBI según cálculos realizados por la Oficina de Presupuesto del Congreso en julio de 2025. La norma ya fue reglamentada, pero el Ejecutivo aseguró que podría presentar una contrapropuesta, algo que por el momento no fue oficializado.
“Dado el estado de situación de ambas normas, el análisis considera el punto medio del rango para la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (0,37%). Sumando el costo directo de la reforma laboral y estas dos leyes, el impacto fiscal negativo acumulado podría alcanzar aproximadamente 0,75% del PBI en 2026″, detalla el informe.
Tres ases para cumplir con creces la meta de superávit
No obstante, el documento resalta que el Gobierno dispone de tres frentes compensatorios que permitirían sostener o, incluso, superar la meta de superávit primario de 1,5% del PBI.
El primero es la reducción del gasto en subsidios energéticos. Desde 2023, este rubro viene disminuyendo a un ritmo de aproximadamente 0,5% del PBI por año, una tendencia que se profundizará con el nuevo esquema de subsidios lanzados en febrero de este año.
El segundo componente son los ingresos extraordinarios por privatizaciones y concesiones: están en proceso de licitación o transferencia accionaria las participaciones del Estado en empresas como AySA, CITELEC e Intercargo. “Según estimaciones de circulación pública, esas operaciones rondarían los u$s 783 millones, equivalentes a aproximadamente 0,13% del PBI”, subrayan.
Tomando en cuenta que el Tesoro registró un ingreso de aproximadamente 0,12% del PBI a través de la adjudicación de las represas hidroeléctricas del Comahue, los ingresos totales (no recurrentes) por este concepto aportarían un 0,25% del PBI.
El tercer compensador es la reducción de la masa salarial pública, aunque el margen de maniobra luce cada vez más acotado. “El gasto en salarios de la administración pública nacional totalizó 1,9% del PBI en 2025, uno de los registros más bajos en al menos una década, tras una reducción acumulada de 0,7 puntos del PBI entre 2023 y 2025 y una baja del 18,8% en la dotación de personal entre noviembre de 2023 y enero de 2026″, observan.
En este contexto, PwC supone que habrá una reducción adicional de aproximadamente 0,1% del PBI en 2026.
Los tres factores compensatorios generarían un impacto fiscal positivo de hasta 0,85% del PBI, un cifra que la consultora considera “suficiente” para compensar la mayor presión sobre el gasto.
Riesgos
Aun así, el documento señala que la aplicación plena de las leyes de universidades y discapacidad en sus versiones originales representaría el escenario de mayor presión fiscal del año.
A esto se suma la incertidumbre sobre la reversión de la caída de la recaudación durante el primer bimestre. “Los factores transitorios identificados son plausibles, pero la reversión aún debe verificarse en los datos de los próximos meses”, apuntan.
El ancla fiscal es innegociable para esta gestión. No está exenta de riesgos en 2026, aunque las herramientas disponibles hacen que el objetivo luzca alcanzable.