Con el cambio de año, la Argentina quedará habilitada para saldar definitivamente el pleito con los holdouts. Los obstáculos legales impuestos por la cláusula RUFO desaparecieron, y para pagar algo más que lo ofertado en el canje lo único que necesita el Gobierno es lograr que el Congreso desactive la barrera que impuso la ley 26.886.

Muchos especialistas consideraron que la cláusula RUFO no era aplicable si mediaba una sentencia judicial. El Gobierno no quiso arriesgar y para evitar que los desembolsos posteriores al fallo sean embargados para cumplir la sentencia, cambió las condiciones de pago y abrió la puerta al default parcial. Evitó reclamos pero pagando un costo alto, al prolongarse la escasez de dólares que asfixió a la economía.

Si los efectos de este paso no fueron más graves, fue porque los inversores evitaron pedir la aceleración de la deuda. A la Argentina la protegió la codicia: el mercado es conciente de que profundizar el default solo hubiera agrandado los impagos.

Los inversores no tienen problema en esperar algunos meses más con títulos soberanos que rinden un inalcanzable 17% en dólares. La Presidenta es la que debe definir ahora que le conviene en este año electoral: si exprimir la pelea antibuitre o capitalizar los beneficios económicos de un arreglo. Los votos mandan.