El debate por la reforma de la Ley de Glaciares continúa en el Congreso por un punto clave: el ambiente periglacial. Allí, donde no hay hielo a simple vista pero sí suelos congelados, es donde se concentra el verdadero mapa de la disputa. Existen 85 proyectos mineros en proximidad a áreas protegidas, un universo que hoy convive con una zona gris normativa y que explica la presión empresaria para modificar la ley. Según el cruce de datos del inventario oficial con el dashboard interactivo de Colossus Lab, se identifican 13.500 geoformas periglaciales dentro de áreas sensibles. La mayoría de 85 proyectos con algún grado de proximidad corresponden a yacimientos de cobre y oro en alta cordillera. La clave está en cómo se define ese ambiente. La legislación vigente protege de manera amplia cualquier área de alta montaña con presencia de permafrost o geoformas congeladas. La reforma que se discute en el Congreso propone cambiar ese criterio: que el ambiente periglacial deje de estar protegido de forma generalizada y pase a resguardarse solo cuando se demuestre que cumple una “función hídrica relevante”. Dicho de otro modo, ya no bastaría con la presunción de que allí hay agua: habría que probarlo y lo tendrían que hacer las provincias. Ese giro técnico, aparentemente menor, es el que puede destrabar inversiones por miles de millones de dólares. Fuentes del sector minero indicaron, en diálogo con El Cronista, que es necesario que la reforma se apruebe en abril en Diputados. “Si queda para mayo, ya empieza la carrera (política) para el 2027 y se alarga la cosa”, aseguró una voz relevante del sector a este medio. De no aprobarse dicha reforma, desde el sector convienen que los proyectos que adhirieron al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) seguirán esperando. En este sentido, la mayoría son desarrollos de cobre y oro en alta cordillera, es decir, emprendimientos que requieren infraestructura intensiva en zonas donde hoy la ley opera como límite o, en muchos casos, como argumento judicial para frenarlos. El mapa es claro y tiene un epicentro: San Juan. Allí se concentran algunos de los proyectos más ambiciosos del país, como Josemaría, Los Azules, El Pachón o el clúster Vicuña, que integran los yacimientos de Filo del Sol. En todos los casos, el problema es el mismo, la actual definición de ambiente periglacial alcanza zonas donde las empresas necesitan construir caminos, escombreras o instalaciones clave. Sin una redefinición, el riesgo de judicialización es constante. No es casual que detrás de esos proyectos estén actores globales como BHP, Lundin Mining o Glencore, que vienen planteando la necesidad de “seguridad jurídica” como condición para avanzar. El segundo foco está en Mendoza, donde el salto en la cantidad de proyectos explica buena parte de la cifra total. Bajo el esquema del Malargüe Distrito Minero Occidental se aprobaron 34 iniciativas de exploración casi en bloque. Es, en términos prácticos, una nueva frontera minera. Pero también un terreno frágil: el IANIGLA ya advirtió que muchos de esos polígonos carecen de estudios hidrológicos detallados. Sin cambios en la ley, cada uno de esos proyectos podría enfrentar amparos judiciales de manera individual. Más al norte, en Catamarca, el caso paradigmático es MARA, el proyecto que integra Agua Rica con la infraestructura de Alumbrera. Controlado por Glencore, el yacimiento está rodeado de geoformas que el inventario nacional clasifica como periglaciales. Allí, la discusión deja de ser teórica, sin una redefinición, la aprobación ambiental del “corazón” del proyecto queda en una zona de incertidumbre permanente. Salta y Jujuy completan el tablero con proyectos de cobre y litio en la Puna. Aunque el litio no se extrae directamente de glaciares, sus fuentes de agua sí están vinculadas a sistemas de deshielo. En ese contexto, iniciativas como Taca Taca, impulsada por First Quantum Minerals, o los desarrollos en salares operados por grandes jugadores globales, también quedan alcanzadas por la discusión sobre el alcance del ambiente periglacial. Detrás de este mapa aparece un puñado de empresas que concentran los intereses más claros. Glencore, con el control total de Pachón y MARA, podría ser la principal beneficiaria potencial de un cambio en la ley. Barrick Gold y Shandong Gold, socias en Veladero, también necesitan flexibilizar las restricciones para sostener y expandir operaciones en San Juan. A ese núcleo se suman McEwen Mining, Rio Tinto y otros actores que ven en el cobre argentino una oportunidad estratégica en el marco de la transición energética global. El argumento empresario es lineal, sin una definición más acotada del ambiente periglacial, cualquier inversión queda expuesta a frenos judiciales incluso después de iniciada. Por eso, la modificación aparece como una “condición necesaria” para activar proyectos bajo el paraguas del RIGI, en un contexto donde las inversiones en juego superan los 20.000 millones de dólares. Pero el otro lado de la discusión es igual de contundente. Provincias aguas abajo, como La Pampa, y organizaciones ambientales advierten que la redefinición podría debilitar la protección de reservas hídricas estratégicas en un contexto de estrés climático creciente.