El Congreso vuelve a la agenda de embestida opositora en medio de un momento delicado para el Gobierno por las presuntas coimas relacionadas a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y esta semana se definieron revisar los pedidos de interpelación y el Senado concreta una sesión con temas explosivos.
Por un lado, en la Cámara de Diputados se llevaron a cabo varias reuniones de comisión clave. La de acción social y salud pública, presidida por Pablo Yedlin, acordó revivir los proyectos para interpelar a Karina Milei, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud, Mario Lugones, luego del faltazo de la autoridad sanitaria en la reunión de la semana pasada. Los pedidos corren en el marco de la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Los dictámenes corrieron por parte del bloque Encuentro Federal, bloque presidido por Miguel Ángel Pichetto, Unión por la Patria y la Izquierda. De todos modos, todavía deben ser firmados por la comisión de Asuntos Constitucionales que preside el libertario Nicolás Mayoraz, lo cual solo será posible a través de un emplazamiento votado por el pleno.
También se avanzó sobre la comisión investigadora del Caso LIBRA, que apunta directo contra el presidente Javier Milei por la promoción de la criptomoneda en X. La semana pasada se destrabó la designación de autoridades, con el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, al frente, y hoy aprobaron el reglamento interno de funcionamiento para avalar la lista de citaciones, oficios y medidas de prueba.
La citación a Karina Milei en este marco también está en carpeta. "Su testimonio es fundamental para esta causa porque debe responder en torno a las graves acusaciones en los Tribunales de Nueva York en chasts de Hayden Davis", argumentó la peronista Sabrina Selva.
En la lista también figuran Mauricio Novelli, Javier Terrones Godoy y Sergio Morales, imputados por la causa; Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, y José Mazzoni, juez funcionario del organismo; María Florencia Zicavo, investigadora del Gobierno; y Luis Villanueva, funcionario de la Procuración General de la Nación, entre otros.
Lo que sí se aprobó durante la jornada es que el presidente Javier Milei envíe un informe verbal con un plazo de cinco días.
También se reunió la comisión de Libertad de Expresión en una autoconvocatoria promovida por la oposición, tras la inactividad que dejó la presidente libertaria Emilia Orozco. En el medio del ruido por los audios de Karina Milei y la cautelar de la Justicia, citaron para las 18 a los periodistas involucrados en la presentación judicial.
Pero el foco de presión estará puesto en el Senado de la Nación, en donde la oposición planea ir a una sesión este jueves principalmente para insistir sobre la ley de emergencia en discapacidad, tras la insistencia en Diputados. Como antesala, la aprobación original contó con 55 votos afirmativos (unanimidad), sobrados de la mayoría de dos tercios requerida.
Este punto será clave puesto que implica su promulgación obligatoria y el Gobierno deberá cumplir con lo dispuesto en la normativa, aunque ya desde Casa Rosada se atajan con que no cuentan con los fondos para hacerlo y acudirán a la Justicia.
Además, la oposición tiene pensado aprobar un proyecto que ya tiene dictamen de comisión para limitar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Ejecutivo. La propuesta fue discutida en la Cámara baja el año pasado y también tiene dictamen, pero nunca consiguió avanzar. Fue trabada en ese entonces por la negociación del Presupuesto 2025, que quedó en la nada. Lo llamativo es que el tema vuelve en agenda justo para la presentación del Presupuesto 2026.
El proyecto en esencia plantea el requerimiento de la aprobación de ambas Cámaras para aprobar un DNU, como un proyecto de ley -la disposición de que con una sola Cámara sea suficiente la promovió Cristina Fernández de Kirchner para blindar los DNU del entonces presidente Néstor Kirchner, a través de la ley 26.122-. Además, establecerán un plazo de 90 días para que el Congreso deba expedirse obligatoriamente y, si no, dejará de ser vigente.
A prori, la oposición en la Cámara alta cree contar con el apoyo de los 34 de José Mayans (UP) para impulsarlo, pero hasta la semana pasada habían ciertos reparos de parte de este sector que, en definitiva, reformaría una herramienta útil para cualquier gobierno de turno y podría afectarlos si vuelven al poder.
Como frutilla del postre, también hay una iniciativa para aprobar la interpelación a Karina Milei en el Senado. Esto todavía no lo tienen asegurado, pero este miércoles habrá una reunión de labor parlamentaria para definirlo. El dilema también tiene que ver con el artículo 71 de la Constitución no menciona sanciones para "miembros del Poder Ejecutivo" que no respondan a una interpelación, sino que es solo para ministros.
Karina no es uno de ellos y en el Gobierno anticipan que, de prosperar cualquiera de las citaciones que promueven en el Congreso, ella no va a asistir porque no está obligada.
