El Gobierno anunció que buscará financiamiento para la educación con la recompra de deuda que gestionará con el JP Morgan. En paralelo, el presupuesto para educación por tercer año consecutivo no superará el 1% del PBI.
Por la Ley de Educación Nacional de 2006, el presupuesto consolidado destinado a educación no debe ser inferior al 6% del PBI. Esa meta solo se cumplió en 2015. El proyecto de Presupuesto 2026 plantea la derogación de la obligación de alcanzar el 6% para educación.
Martín Nistal, coordinador del observatorio de datos de Argentinos por la Educación y coautor del informe que analiza el presupuesto educativo, explicó que la eliminación del artículo 9 de la Ley de Educación será permanente y no solo para 2026.
Las provincias absorben el 75% del presupuesto educativo, lo que deja un cuarto a cargo del Estado Nacional. Así y todo, la inversión nacional en educación tuvo una recuperación gradual entre 2020 y 2023 para registrar una caída en 2024 y profundizarla en 2025, cuando en vez de los $ 12 billones que tuvo en 2023 pasó a $ 7 billones y $ 6,2 billones respectivamente.
Para 2026 se proyecta un aumento del 8% real, lo que lo llevaría a $6,8 billones.
Medido en términos del PBI, en 2025 se estima que el gasto en educación alcanza el 0,82%, mientras que para 2026 sería del 0,75%. Esta menor participación a pesar del aumento de la partida en precios constantes responde a la proyección de crecimiento del PBI plasmada en el Presupuesto y a un menor aumento de los fondos.
Respecto de 2023, la caída es de entre 45% o 47% en términos reales contra 2023, y la variación responde a qué proyección de inflación para 2026 se considere, si es la del Presupuesto (13,8%), o la del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM, 17,8%), explicó Nistal.
Toda la función de Educación y Cultura, que agrupa estos gastos, tendrá un aumento del 8% real contra la inflación del Presupuesto y se convierte en la quinta división con mayor aumento.
Los programas de Educación Obligatoria y Superior No Universitaria reflejan un aumento hacia 2026, considerando la inflación del Presupuesto, del 32,1% real, siendo el segmento de mayor suba dentro de la función de Educación. La educación universitaria refleja un aumento del 0,8% real. En este caso, si se compara con la inflación del mercado, daría una caída del 2,5%.
Los fondos para la Secretaría de Educación muestra un aumento real del 3,6%. Sus gastos se concentran en Desarrollo de la Educación Superior, el Plan de Alfabetización y la Gestión de Becas. El 77% del presupuesto de la cartera tendrá como destino la Educación Universitaria y el 14,6% los programas de Educación Obligatoria y Superior No Universitaria. Al respecto cabe aclarar que, como fue mencionado, la mayor parte del gasto de la educación obligatoria recae sobre las provincias.
El Fondo de Compensación Salarial Docente, uno de los instrumentos reclamados por los gobernadores ni bien el Gobierno implementó el programa de recortes, tendrá un aumento hacia 2026 del 428%, representando el 0,4% del gasto proyectado para la Secretaría de Educación. En total tendrá asignados $26.425 millones.
Como contrapartida, los mayores recortes están en Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes (0,0% del presupuesto, una caída del 100%), igual que en Mejoramiento de la Calidad Educativa y en Fortalecimiento de Organizaciones Educativas.
Cómo aumentar los fondos
Ante la restricción del Presupuesto planteada por los recortes dispuestos por el Gobierno Nacional, la Secretaría de Finanzas anunció el lanzamiento de una recompra de deuda para reemplazar con nuevas colocación a fin de obtener un diferencial que sería destinado a financiar la educación.
Según analizaron desde la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, esta estrategia permitiría que por cada dólar destinado a la recompra se ahorre más de un dólar en vencimientos de capital, aún antes de considerar los intereses.
El stock de deuda roza los u$s 90.000 millones, cuya recompra demandaría cerca de u$s 55.000 millones por su paridad. En los segmentos cortos, que terminan de amortizar en 2029 y 2030, la recompra demandaría u$s 17.900 millones.
Al analizar antecedentes históricos de otros países observaron que los mayores volúmenes de recompra de deuda con objetivos de desarrollo alcanzaron los u$s 3160 millones, siendo este el caso de Ecuador. Si se intentara extrapolar a Argentina en términos de PBI, este volumen implicaría unos u$s 16.000 millones.
Un factor adicional es que el costo de estos programas, al encontrarse limitadas otras herramientas de financiamiento, suele implicar el 40% de las ganancias financieras, reduciendo el resultado destinado a los objetivos plasmados.
