El administrador federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, aseguró que su organismo no sería el eventual encargado de aplicar la ley antiterrorista contra quienes retienen las liquidaciones de soja, sino que “la AFIP aplica la Ley Penal Tributaria”.
Durante la conferencia de prensa en la que se refirió al plan de regularización fiscal, Echegaray sostuvo que “las versiones (sobre la eventual aplicación de la ley antiterrorista contra quienes retengan soja) corren por cuenta del diario que las publicó” y que el organismo que encabeza “sólo aplica la Ley Penal Tributaria”.
El funcionario se refirió así, ante una consulta, sobre la información anticipada hoy porEl Cronista, sobre la existencia de una iniciativa en el Gobierno para aplicar la denominada Ley Antiterrorista, que por impulso del GAFI se votó a fines de 2011 para reprimir el lavado de dinero.
Con esa herramienta, el Gobierno buscaría castigar lo que considera manipulaciones del mercado, y forzar así a las empresas a inyectar dólares al mercado.
La respuesta de la Sociedad Rural no se hizo esperar. Esta mañana, el titular de la entidad, Luis Miguel Etchevehere, calificó la medida como "fascista".
Cerealeras
De todos modos, el funcionario criticó a las cerealeras y sostuvo que las que mantienen deudas con el Fisco por hacer “una viveza”, la de “preanotar existencias para descontar impuestos”, no están incluidas en el plan de facilidades lanzado hoy.
En ese sentido, puntualizó que Cargill le debe al Fisco 228 millones de dólares, Bunge 126 millones de dólares, LDC 141 millones, Aceitera General Deheza 48 millones, Molinos 197 millones, Nidera 132 millones, Vicentín 62 millones, y Oleaginosas Moreno 17 millones de dólares.
