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La oposición avanzó nuevamente contra el Gobierno y aprobó por 159 votos afirmativos, 67 negativos y 4 abstenciones laemergencia sanitaria de la salud pediátrica y las residencias nacionales, que modifica disposiciones del ministerio de Salud e impone la recomposición salarial del personal de salud.
La votación superó los dos tercios de los votos, con gestos del PRO, las salteñas de Innovación Federal, los tucumanos de Independencia, la sanjuanina de Nancy Picón Martínez, el santacruceño Sergio Acevedo y la exlibertaria Lourdes Arrieta. Todos ellos se sumaron a los opositores de Unión por la Patria, Democracia Para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica y la Izquierda.
Los amarillos que no se alinearon a La Libertad Avanza fueron Hector Baldassi, Sofía Brambilla, Álvaro González, Agustina Propato y María Eugenia Vidal apoyaron el proyecto.
La chubutense de Ignacio Torres, Ana Clara Romero, se abstuvo, junto con Marilu Quiroz, y se ausentaron otros 7: María Sotolano, Maria de los Ángeles Moreno, Silvia Lospennato, Gabriela Besana, Sergio Capozzi y Karina Bachey.
Hubo pequeños quiebres también por gobernadores aliados en EF: el entrerriano Francisco Morchio se ausentó, y el chubutense Jorge Ávila se abstuvo; en DPS el correntino Ignacio Aguerre se ausentó; el santiagueño de UP, José Gómez también; y en la UCR el chaqueño Gerardo Cipolini y los mendocino Lisandro Nieri y Pamela Verasay tampoco estuvieron presentes.
Se trata del segundo golpe de la jornada, tras la aprobación del aumento del presupuesto universitario. La sesión, que comenzó a las 12.25, también trató el emplazamiento de Presupuesto y Hacienda para tratar la reforma de coparticipación y tiene todavía en el tintero avanzar con un nuevo proyecto para destrabar la comisión investigadora de LIBRA y el rechazo de un paquete de decretos, aunque estos últimos temas no avecinan tener quórum. Hasta ahora el oficialismo no consiguió levantar la sesión, pese a los intentos de dilatación.
Fuentes de La Libertad Avanza califican a la sesión como el "último manotazo de ahogado" de la oposición y estiman que no tienen más temas para seguir imponiendo la agenda antes de las elecciones. La próxima revelación antes de octubre serán los vetos presidenciales sobre jubilaciones y discapacidad.
Universidades y Garrahan podrían incorporarse en la lista de vetos, si el Senado les da rápida sanción. Como la oposición en la Cámara alta es más fuerte, es posible que efectúen un rápido tratamiento. La áspera relación de la Casa Rosada con la vicepresidente Victoria Villarruel no garantiza que se pueda frenar esa eventual avanzada.
El foco estará puesto en eso y en el tratamiento de los proyectos de los gobernadores por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles, que se dictaminarán la semana que viene. El Gobierno podría presentar una contrapropuesta para negociarlos, según le adelantaron a El Cronista. Ya tienen la aprobación del Senado.
Emergencia y costo fiscal
El proyecto contempla la asignación "prioritaria e inmediata" de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, mantenimiento, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial.
Además, la recomposición salarial del personal asistencial y no asistencial "no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del 2023" y, a su vez, se los exime del pago de ganancias cuando desempeñen actividades críticas, horas extras y/o guardias.
Uno de los artículos apunta directamente contra la gestión del ministro Mario Lugones con la derogación de la resolución 2.109/25, que modificó el esquema de becas para las residencias. Se trata de la reorganización que dispuso las dos modalidades de Beca Institución y Beca Ministerio.
También crea una comisión de seguimiento y evaluación integrada por las autoridades de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, representantes del ministerio de Salud, del COFESA y de Sociedad Argentina de Pediatría, para que emitan informes trimestrales públicos sobre el cumplimiento de la presente ley.
Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el proyecto tiene un impacto fiscal de $65.573 millones de julio a diciembre del 2025, que anualizado significan $133.433 millones.
