El proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial que impulsa el Gobierno, con la idea de que sea Ley antes del 10 de diciembre, exime de responsabilidad civil al Estado y sus funcionarios públicos. El cambio pretende vehiculizarse a través de una ley especial, cuyo proyecto fue enviado al Congreso el mismo jueves en que se dio a conocer el pre dictamen de reforma, aprobado en comisión.

Entre sus artículos establece que las disposiciones sobre la responsabilidad civil y la consecuente reparación de los daños y perjuicios no son aplicables al Estado de manera directa ni subsidiaria (artículo 1764), y que tanto la responsabilidad del Estado como la de los funcionarios públicos se rigen por las normas y principios del derecho administrativo (artículos 1765 y 1766).

Según la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), de aprobarse la reforma del Código, “los empleados del Estado quedarían limitados de ejercer acciones contra “su patronal”, es decir el mismo Estado, como otros trabajadores del sector privado sí pueden hacerlo. “Es decir, quedarían inmersos en un trato desigual respecto a los trabajadores del sector privado porque el proyecto los discrimina en forma arbitraria eximiendo al Estado de responsabilidad y lesionando con ello garantías y derechos de carácter constitucional y tratados Internacionales”, señala APEL, una agrupación de abogados ligada a sindicatos y delegados de base con vinculación con el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).


En la actualidad, en materia de derecho laboral, cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo, está habilitado para demandar por la reparación plena e integral de los daños a su patronal. De aprobarse la reforma del Código, los empleados del Estado quedarían limitados de ejercer tales acciones. Con dicha normativa, no podrían demandar civilmente al Estado. Es decir, quedarían inmersos en un trato desigual respecto a los trabajadores del sector privado porque el proyecto los discrimina en forma arbitraria eximiendo al Estado de responsabilidad y lesionando con ello garantías y derechos de carácter constitucional y Tratados Internacionales.

“El proyecto implica que los empleados públicos sean de segunda, ya que, a diferencia de los demás trabajadores y por su condición personal, se ven privados del resarcimiento del perjuicio que sufren en su salud, a raíz de la conducta dañosa del mismo Estado...”, señalan, a la vez que, metiendo el dedo en la llaga, denuncian que, de acuerdo a estas modificaciones, “a los funcionarios que lucraron con los dineros públicos y resultan responsables de la muerte de 52 personas en la tragedia ferroviaria de Once solo les cabría una sanción administrativa”.


Y explican: “En la actualidad, en materia de derecho laboral, cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo, está habilitado para demandar por la reparación plena e integral de los daños a su patronal. De aprobarse la reforma del Código, los empleados del Estado quedarían limitados de ejercer tales acciones. Con dicha normativa, no podrían demandar civilmente al Estado. Es decir, quedarían inmersos en un trato desigual respecto a los trabajadores del sector privado porque el proyecto los discrimina en forma arbitraria eximiendo al Estado de responsabilidad y lesionando con ello garantías y derechos de carácter constitucional y Tratados Internacionales”.