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Las últimas semanas de Javier Milei no han sido las mejores. Su gobierno llega a la recta final de su mandato con una aprobación estancada y un nivel de rechazo elevado, según lo que reflejan las últimas encuestas.
Pero a incertidumbre no es solo política, también se refleja en los mercados. El riesgo país volvió a superar esta semana los 700 puntos, (al cierre de esta nota estaba en los 717 puntos, su nivel más alto en doce meses), y el dólar oficial, que venía dormido, sumó $ 15 pesos en la semana y se fue de $ 1535 a $ 1550 en el Banco Nación.
Esta semana, un nuevo relevamiento, en este caso del Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés, reveló un escensario de paridad de cara a 2027. Según la encuesta, La Libertad Avanza tiene 26% de intención de voto y el peronismo 24%, los indecisos se sitúan en torno al 26%.
El estudio revela, no obstante, un matiz: el peronismo retiene al 70% de los votantes de Massa, mientras LLA conserva al 64% de los de Milei y apenas al 41% de los de Bullrich.
Pero más allá del contexto electoral, la encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) midió en esta oportunidad la ponderación social de las medidas más sensibles que tomó el Presidente.
Puntualmente, preguntó por cinco decisiones del Gobierno y el resultado no fue muy auspicioso para el oficialismo ya que solo una suma más acuerdos que desacuerdos: la inhabilitación de petroleras que operen en Malvinas sin aval argentino. En el otro extremo, la desregulación de la Ley de Tierras concentra el mayor rechazo de todo el listado.
El ranking, de mayor a menor apoyo
- Inhabilitación a petroleras en Malvinas: 53% de acuerdo y 26% en desacuerdo. Su diferencial de +27 es el único positivo de la lista. Un 32% se declara “muy de acuerdo” y un 15% no sabe o no contesta.
- Alineamiento geopolítico con Estados Unidos: 32% a favor y 52% en contra. El diferencial es de -20, el menos negativo entre las medidas rechazadas. El 39% dice estar “muy en desacuerdo”.
- Respaldo diplomático a Israel en el conflicto de Medio Oriente: 22% de acuerdo y 58% en desacuerdo. El diferencial es de -36. Casi la mitad, el 45%, lo rechaza de manera enfática.
- Presencia militar o de inteligencia de Estados Unidos en puntos estratégicos: 22% a favor y 62% en contra. Con un diferencial de -41, la mitad de los consultados (50%) se ubica en el “muy en desacuerdo”.
- Desregulación de la Ley de Tierras: 18% de acuerdo y 68% en desacuerdo. El diferencial de -49 es el peor del bloque. El 55% dice estar “muy en desacuerdo”, la intensidad de rechazo más alta de todas.
El apoyo a la medida sobre Malvinas crece con la edad y con el nivel socioeconómico. Lo aprueba el 77% de los boomers y el 36% de la generación Z. También hay brecha de género: 66% entre los hombres y 39% entre las mujeres, aunque ellas expresan más “no sé” (20% frente a 11%).
Lo más llamativo es que el consenso atraviesa la grieta partidaria. Según el voto de 2023, la apoya el 83% de los votantes de Bullrich, el 64% de los de Milei y el 60% de los de Schiaretti. Incluso el 45% de los votantes de Massa está a favor. Solo los de Bregman la rechazan.
La Ley de Tierras muestra el patrón inverso: un rechazo parejo en casi todos los segmentos. El 68% está en desacuerdo en los cuatro niveles socioeconómicos, y los porcentajes son similares entre hombres (66%) y mujeres (70%). Los jóvenes se diferencian solo por una mayor indecisión.
El dato más incómodo para el oficialismo está en su propia base. Entre los votantes de Milei, el 47% rechaza la desregulación y el 37% la apoya. Entre los de Bullrich, el 53% está en contra y el 38% a favor. Es decir, la medida no logra mayoría ni dentro del electorado propio.
La estrategia con Malvinas
En septiembre, el canciller Pablo Quirno informó que el Gobierno intimó a unas 180 empresas a elegir entre operar en las islas o en el país. El universo incluye a las petroleras y también a sus proveedores de servicios petroleros, financieros y de seguros.
La palanca central es Vaca Muerta. Las compañías que quieran ingresar al RIGI deben presentar una declaración jurada sobre el cumplimiento de la Ley 26.659. Quirno lo resumió así: “o trabajan en Malvinas o trabajan en Vaca Muerta”. La idea es que el negocio argentino funcione como desincentivo.
También hay un frente sancionatorio. La ley prevé multas, inhabilitaciones de entre cinco y 20 años, decomiso de equipos y reversión de permisos. El Gobierno avanza con procedimientos contra 45 empresas y personas, sobre todo por el proyecto Sea Lion. Además, Milei anunció un proyecto para endurecer las sanciones.
Proveedoras como Halliburton, Baker Hughes y SLB ratificaron la suspensión de sus actividades en la zona. Pero surgieron cuestionamientos por el caso de Premier Oil, inhabilitada en 2013 y vinculada a un consorcio que accedió al RIGI. El diputado Maximiliano Ferraro pidió explicaciones al Ministerio de Economía.
En qué consiste la Ley de Tierras
La Ley 26.737, sancionada en 2011, limita la propiedad extranjera de tierras rurales. Fija un tope del 15% a la titularidad extranjera en los ámbitos nacional, provincial y municipal. Su objetivo es regular la concentración de campos en manos de capitales del exterior.
El gobierno de Milei intentó eliminarla. Lo hizo mediante el artículo 154 del DNU 70/2023 y luego propuso suprimir las restricciones en la versión original del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. La derogación disparó un fuerte rechazo social, que incluyó una marcha multitudinaria en agosto.
El miércoles hubo un giro en el Congreso. Diputados aprobó el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada con la restitución de la Ley de Tierras, y ese capítulo obtuvo 239 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones. Lo respaldaron La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y bloques provinciales.
El trámite todavía no terminó. Diputados giró el proyecto al Senado, por lo que la restitución debe completar ese recorrido para convertirse en ley definitiva. La votación ocurrió después del trabajo de campo de la encuesta, pero confirma el costo político que tuvo para el oficialismo insistir con la desregulación.