El Senado tiene en carpeta para debatir uno de los proyectos más resistidos por las petroleras y las terminales automotrices: la modificación de la Ley 27.640, que regula el uso y producción de biocombustibles. La iniciativa, registrada bajo el expediente S-1495/2024, propone incrementar el corte obligatorio de bioetanol y biodiesel en naftas y gasoil hasta el 15%, una medida celebrada por las provincias productoras pero cuestionada por los sectores petrolero y automotor, que alertan sobre costos y riesgos técnicos. Según el informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el proyecto —impulsado desde el oficialismo y con respaldo transversal de senadores del norte y el centro del país— tendrá un impacto fiscal negativo de $245.952,5 millones a valores de 2026. El documento, firmado por el director general Gabriel Esterelles y el director de análisis fiscal Martín López Amorós, fue remitido a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que preside Ezequiel Atauche, quien solicitó la estimación antes de emitir un posible dictamen. “Dado que los biocombustibles se encuentran exentos del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, la elevación del corte obligatorio al 15% implicará una menor recaudación de esos tributos”, señala el informe técnico. El estudio de la OPC detalla que el impacto surge principalmente del aumento del gasto tributario generado por la exención impositiva a los biocombustibles. En números, la pérdida estimada se reparte entre distintos destinos de fondos: $69.223 millones menos para el Sistema Único de Seguridad Social, $68.957 millones para el fideicomiso de infraestructura del transporte, $25.093 millones para el Tesoro Nacional y una merma de más de $36 mil millones en el Fondo Nacional de la Vivienda, entre otros aportes coparticipables a las provincias. “El aumento de los cortes genera un efecto negativo neto sobre la recaudación, que no se ve compensado por la reducción de otros gastos tributarios asociados”, concluye el documento. El texto elimina el carácter transitorio del actual régimen, vigente hasta 2030, y autoriza a las compañías petroleras a participar en el abastecimiento de biocombustibles, algo que estaba restringido en la ley actual. También establece un sistema de licitaciones públicas y transparentes para definir precios y volúmenes de abastecimiento, reemplazando el esquema de precios regulados por la Secretaría de Energía. El cronograma de cortes obligatorios prevé subas graduales hasta alcanzar el 15% de mezcla en 2027 para el gasoil y 2026 para la nafta. En la Región Patagónica, la obligación será del 10% “hasta tanto lo determine la autoridad de aplicación”. El proyecto ya fue debatido en la Comisión de Energía y Minería pero se pospuso hasta después de las elecciones la posibilidad de sacar un dictamen, lo que complica las chances antes de la finalización de las sesiones ordinarias. No obstante, es un asunto que está directamente ligado con la negociación del Presupuesto y contrapone intereses de las provincias, en plena puja por sacar tajada de la previsión para el año que viene. Su tratamiento genera fuertes presiones cruzadas: las petroleras reclaman un esquema gradual y optativo de mezclas, mientras que las terminales automotrices advierten que mezclas superiores al 12% podrían afectar la durabilidad de motores diseñados bajo normativas internacionales más restrictivas. En contraposición, las provincias del norte y el litoral, junto a las cámaras del sector celebran el avance del proyecto por su impacto productivo y ambiental. Mientras el oficialismo intenta garantizar los votos para su aprobación, el costo fiscal proyectado por la OPC introduce un nuevo frente de discusión: la pérdida de ingresos tributarios en un contexto de ajuste fiscal. La ley que está en vigencia fue aprobada en 2021 pero dadas las duras negociaciones que se dieron en ese entonces, hay sectores que no quedaron conformes y casi de inmediato volvieron a la carga para aumentar la presencia de los biocombustibles. En tanto, ayer la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía oficializó los nuevos precios del bioetanol y el biodiesel destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles. Los nuevos valores y una modificación en el porcentaje de corte obligatorio para el gasoil se establecieron mediante resoluciones de la autoridad y entraron en vigencia. El precio mínimo para el bioetanol elaborado a base de caña de azúcar se fijó en $ 918,025 por litro, mientras que el precio mínimo para el bioetanol a base de maíz es de $ 841,394 por litro. Por su parte, el biodiesel destinado a la mezcla obligatoria tiene un precio de adquisición fijado en $ 1.688.961 por tonelada. Además, se estableció transitoriamente una reducción en el porcentaje de mezcla obligatoria de biodiesel en gas oil y diesel oil en 7%, medido sobre la cantidad total del producto final.