El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 habilitó este martes la apelación presentada por la defensa de Cristina Kirchner para que la Cámara Federal de Casación revise las restricciones impuestas a las visitas que puede recibir en su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.
Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, integrantes de la sala IV de Casación, serán quienes analicen el planteo.
Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron la apelación tras el rechazo del TOF 2 a un pedido para flexibilizar el régimen actual. Según este esquema, Cristina solo puede recibir a personas incluidas en una lista cerrada de familiares, abogados, custodios y médicos, previamente informada a la Justicia. Se había pedido además que la lista de habilitados quedara en reserva.
Desde la defensa sostienen que no existe ningún fundamento legal para limitar las visitas, y advierten que "las personas que cumplen prisión domiciliaria pueden desarrollar todas las actividades que no estén prohibidas por ley".
En esa línea, afirmaron que los jueces "no pueden imponer reglas de conducta adicionales" más allá del cumplimiento estricto de la privación de libertad.
El rechazo anterior del TOF 2 se produjo ante un pedido de reposición que los magistrados desestimaron por considerar que no se aportaron elementos que desvirtúen la resolución del 17 de junio. "Se exterioriza un total rechazo de una de las pautas de conducta que se estableció", argumentaron, ratificando su postura.
La defensa también anticipó que apelará la imposición de una tobillera electrónica a la exmandataria, al considerar que se trata de una medida innecesaria y excesiva. Por su parte, calificaron las decisiones del tribunal como "un delirio autoritario" y "una aberración jurídica".
El caso quedó ahora en manos de la Casación, que deberá definir si la expresidenta puede o no recibir más visitas que las actualmente permitidas en su departamento de Recoleta.
"Que se preparen. Porque cuando los jueces redactan resoluciones más propias de un régimen autoritario que de un Estado de derecho, la casilla de correo se convierte -inevitablemente- en un espejo del absurdo que han creado", cuestionó el abogado Gregorio Dalbón ayer, antes que se conociera el primer rechazo de la justicia.
Es que el equipo jurídico de la expresidenta considera que no debería haber restricciones a las visitas, ya que se trata de un régimen de prisión domiciliaria, en donde sí están permitidas.
El listado incluye exclusivamente a familiares directos, sus abogados defensores, personal médico de confianza y agentes encargados de su custodia.
Estos criterios fueron establecidos por el propio tribunal al momento de concederle el beneficio del arresto domiciliario, tras la confirmación de su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, fallo que fue ratificado por la Corte Suprema.
En la actualidad, cualquier persona que no se encuentre en la lista oficial debe contar con una autorización expresa del tribunal para ingresar al domicilio, lo que la defensa considera una restricción innecesaria.
Por otro lado, el tribunal había establecido ciertas condiciones en el fallo que concedió la domiciliaria: si bien la exmandataria puede utilizar redes sociales y asomarse al balcón sin restricciones, debe "abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes".
