El Gobierno acaba de sufrir un nuevo revés ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, que volvió a fallar en contra del país en una millonaria demanda iniciada por British Gas (BG) por el congelamiento de tarifas que siguió a la crisis del 2001/2002.

Los magistrados del máximo tribunal de Justicia norteamericano rechazaron la apelación y dejaron firme, sin comentarios, el fallo de un Tribunal Arbitral de la ONU que condenó a la Argentina a indemnizar a BG con u$s 185 millones.

La Corte ya había fallado en contra por el mismo caso en marzo de este año. Y ahora rechazó una apelación argentina contra ese fallo de este mismo año.

La demanda en los tribunales internacionales fue iniciada por BG en 2003 por el congelamiento de tarifas tras la devaluación y pesificación de 2001/2002. Hasta que en 2012 le vendió sus acciones a la reestatizada YPF, el grupo británico controlaba la mayoría de Metrogas.

BG asentó su reclamo en acuerdos bilaterales de protección de inversiones entre Argentina y el Reino Unido que, según el grupo, el Gobierno había violado al impedir la readecuación de tarifas. También argumentó que el congelamiento redujo el valor de su participación en Metrogas.

El primer fallo a favor de BG fue en 2007, por parte de la Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, en inglés), que le concedió una indemnización de u$s 185 millones, inferior a los u$s 223 millones solicitados. Y el año pasado el grupo británico recurrió a la Justicia norteamericana para pedir la ratificación de esa indemnización.

Si bien el tribunal de Apelaciones de Washington que trató el caso sostuvo que no tenía jurisdicción porque, según el acuerdo bilateral, primero debía tratar la demanda la Justicia argentina –la misma posición que esgrime el Gobierno- luego la Corte ratificó la decisión del tribunal de la ONU.

En su defensa, el grupo británico siempre argumentó que no quiso comenzar una demanda local porque el Gobierno buscó restringir el acceso a la justicia y tomar represalias contra los inversores que le demandaban en los tribunales internacionales. También sostuvo que seguir el trámite en los tribunales locales no hubiera prosperado frente a los antecedentes judiciales por los cuales el Estado no fue penalizado por las medidas adoptadas durante la crisis de 2001.

Fuente: AGENCIAS y Cronista.com