Tres constitucionalistas de renombre, los abogados Eduardo Barcesat, Félix Loñ y Andrés Gil Domínguez, expresaron posiciones diversas con respecto a la situación del juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt, en medio de las críticas de la Casa Rosada y el respaldo de algunos sectores de la oposición.
El abogado Félix Loñ aseguró que “es discriminatorio y maligno mancillar o atacar” a Carlos Fayt de 97 años ya que al magistrado “lo ampara la Constitución y no tiene límites de edad para ser juez”.
“Lo que están haciendo con Fayt me parece lamentable. Es un gobierno que no tiene límites ni escrúpulos”, arremetió Loñ sobre los cuestionamientos que surgieron en los últimos días desde Balcarce 50.
Al respecto, el letrado resaltó tener “una relación personal” con el integrante del máximo tribunal, por lo que afirmó: “Estuve hablando con él a partir de esto y está en plena lucidez”. Obviamente no es un pibe, tiene cuestiones físicas, pero está en plena lucidez”.
En contra parte, el especialista en derecho Eduardo Barcesat prefirió referirse a “a la situación de toda la Corte Suprema que atraviesa un agravado deterioro de credibilidad institucional”.
Al ser interrogado sobre la validez de la firma de Fayt desde su casa, en analogía con los documentos que valida la presidenta fuera de Casa Rosada, Barcesat sostuvo que “ese argumento es una falacia de composición clásica” ya que “una cosa es que uno perfeccione un acto en un lugar distinto al habitual y otra es afirmar que se estuvo presente para votar y proponer un candidato cuando no se estuvo”.
Por otra parte, el jurista arremetió contra el presidente del alto tribunal quien había expresado que la función del poder que integra es ponerle límites al Ejecutivo: “Las declaraciones de Lorenzetti sobre que los jueces no gobiernan son extremadamente desafortunadas, como si la Justicia no fuera uno de los poderes del gobierno federal”.
En esta línea, el letrado declaró a otro medio que “debe abrirse un procedimiento para que se investigue no la situación de Fayt, sino la actuación de la Corte de convalidar que no concurra a los acuerdos y que firme fallos redactados por otros en su domicilio particular y que no tiene participación alguna en el tratamiento de las aproximadamente 14 mil causas que entran por año a la Corte”.
A su tiempo, el abogado Andrés Gil Domínguez entendió que “existe un ataque político no sólo al juez Fayt si no a la división de poderes”.
En esta línea, resaltó que “la Constitución prevé que los jueces poseen cargos vitalicios, y que no pueden ser obligados por ningún examen médico, o diálogo o plática a validar si están, o no, lúcido para ese cargo”.
