Desde que asumió Jair Bolsonaro como presidente en Brasil, la agenda del gobierno de Mauricio Macri empezó a centrarse en políticas de seguridad y migración. Estos eran los temas de la campaña del ex militar, que parecen empezar a primar en los países de la región, tales como reforzar la presión sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y reformar el Mercosur.

Desde el 1° de enero, el día que asumió Bolsonaro, los principales debates que propone el Gobierno están girando en torno a iniciativas nacionalistas y de seguridad. Por ejemplo, el Gobierno ayer anunció que buscan agilizar los trámites para expulsar a los extranjeros que delinquen en el país. Esta iniciativa venía siendo sostenida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pero ayer se sumó el canciller Jorge Faurie a esta ola. El ministro afirmó en una entrevista con radio Mitre que "la idea es que puedan ser expulsados porque no contribuyen al bienestar de la sociedad" y agregó que "nosotros tenemos controles migratorios que han dado una excesiva liberalidad al ingreso y por eso Migraciones está haciendo una tarea de control".

Bullrich ayer reforzó esa idea con una estadística. "El 20% de las personas que están detenidas son extranjeros", aseveró. En Brasil están tomando medidas también vinculadas a la migración. Por ejemplo, el gobierno de Bolsonaro anunció que se retirará del Pacto Global de Migración de las Naciones Unidas. El canciller brasileño Ernesto Araújo defendió la medida al sostener que la "inmigración es bienvenida, pero no debe ser indiscriminada".

1/A imigração é bem vinda, mas não deve ser indiscriminada. Tem de haver critérios para garantir a segurança tanto dos migrantes quanto dos cidadãos no país de destino. A imigração deve estar a serviço dos interesses nacionais e da coesão de cada sociedade.

— Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) 10 de diciembre de 2018

La ministra también encabezó la agenda ayer con otra iniciativa. Bullrich confirmó que enviará al Congreso una iniciativa para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, que bajaría de 16 a 15 años la edad de imputabilidad. Esta política también integraba el programa de campaña del líder brasileño, aunque aún no hay novedades sobre su aplicación.

En los últimos días, el Gobierno anunció que en aeropuertos y dentro de trenes, los efectivos de seguridad portarán pistolas Taser. El Ministerio de Seguridad adquirió 300 de estas armas no letales. Macri ya había intentado usar estas armas en la Ciudad, pero fue frenado por el Tribunal Superior de Justicia porteño.

Otra política que encaró Bullrich durante enero fue el "Programa Restituir". Para eso, la ministra recibió a 11 agentes que fueron sobreseídos y retoman la actividad policial. Esta política generó críticas de organizaciones de derechos humanos.

Creamos el Programa Restituir para devolverle la dignidad a todos los efectivos de las fuerzas federales falsamente acusados y luego absueltos. Se les restituirá el rango, el salario y su honor. ¡Vamos a seguir cuidando a quienes nos cuidan! pic.twitter.com/BUNiAc59Jj

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 3 de enero de 2019

A la política de seguridad y migratoria, también hay coincidencias en política exterior. Macri y Bolsonaro serán socios a la hora de ejercer presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela. Y el 16 de enero, el Presidente va a intentar acordar con el líder brasileño una reforma del Mercosur, que lo vuelva más flexible. De esta manera, avanzar en las negociaciones bilaterales por fuera del bloque regional, lo que iría de la mano con el patrón que está siguiendo el estadounidense Donald Trump.

En el Gobierno aseguran que la llegada de Bolsonaro al poder no influenció en las políticas que toma la Casa Rosada. Sin embargo, suele ser un debate, en varios estudios, cómo ciertas políticas se extienden a lo largo de distintos estados en lo que se conoce como "procesos de difusión". Esto advierte que las decisiones de un país suelen estar condicionadas por las políticas de otro país.