Fuente: El Cronista
Fuente: El Cronista
El Gobierno promulgó este miércoles la ley que aprueba los acuerdos con los holdout Bainbridge y Attestor. Así, la Argentina pagará u$s 171 millones para saldar los juicios por el default del 2001.
Lo hizo a través del Decreto 564/2026, que promulga la Ley 27.818, sancionada por el Congreso el 24 de junio. La norma aprueba dos acuerdos de conciliación que ponen fin a litigios que el país mantenía desde hace años ante la Justicia de Nueva York por bonos en default.
Los dos acuerdos aprobados
La ley aprueba, en su artículo 1º, el Acuerdo de Conciliación entre la República Argentina y Bainbridge Ltd. (antes Bainbridge Fund Ltd.), una sociedad de Bahamas. Por otra parte, en el artículo 2, aprueba otro con un grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
Según el texto del convenio firmado en abril de 2026, la Argentina se comprometió a pagarle a Bainbridge un monto único de u$s 67 millones para saldar el litigio “Bainbridge Fund Ltd. v. The Republic of Argentina”, radicado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska.
El segundo acuerdo, con el grupo liderado por Attestor, incluye además a Trinity Investments DAC (ex Trinity Investments Limited), Polos Capital Management Limited (ex Bybrook Capital LLP) —en representación de los fondos Bybrook Capital Master Fund LP y Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP— y Redwood Capital Management LLC, junto con sus afiliadas White Hawthorne LLC, White Hawthorne II LLC y Bison Bee LLC.
En ese caso, el país pagará u$s 104 millones, a lo que se suma el reconocimiento de un “Monto Asegurado” de u$s 96 millones, más el rendimiento generado, correspondiente a colateral Brady (que había quedado embargado y sobre el cual la propia jueza Preska había fallado a favor de los acreedores el 14 de julio de 2025).
En ambos casos, los acreedores se comprometen a entregar los bonos alcanzados por los reclamos —incluidos aquellos ya prescriptos— para su cancelación, una vez que la Argentina complete los pagos.
La ley también establece que los pagos previstos en ambos acuerdos serán atendidos con cargo a la Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda Pública.
El decreto de promulgación lleva las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Diego Santilli. La ley, por su parte, fue rubricada por el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, y los secretarios parlamentarios Agustín Giustinian y Adrián Pagán.
Una deuda de larga data y litigios históricos
Los reclamos de Bainbridge y del grupo Attestor se originaron en bonos argentinos que quedaron en default y que, a diferencia de la mayoría de los tenedores, sus dueños nunca ingresaron a los canjes de deuda soberana.
Con los años, estos acreedores litigantes, conocidos como “holdouts”, acumularon sentencias favorables en los tribunales de Nueva York, en la misma jurisdicción donde tramitaron históricamente los reclamos de otros fondos como NML Capital o Elliott Management contra el país.
Con la firma de estos acuerdos, el Gobierno suma un nuevo capítulo en su estrategia de regularizar litigios heredados vinculados a la deuda soberana, en momentos en que la administración de Milei busca despejar el horizonte legal para facilitar el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de capital.