Una convocatoria a la mañana, una reunión de urgencia a la tarde y el envío de representantes a Nueva York a la noche. Así se concretó la intervención de última hora de los bancos locales en la negociación con los fondos buitre que amenazaba con condenar al país a un default. El titular del Banco Macro, Jorge Brito, fue el principal artífice de una iniciativa que empezó con el acuerdo de los principales bancos privados locales para poner al menos u$s 200 millones a modo de garantía que, a lo largo del día, fue cambiando de forma y de montos hasta transformarse en la posibilidad de comprar todo el monto del fallo.


El titular de la Asociación de Bancos de Capital Argentino (Adeba) contactó ayer por la mañana a todos sus pares de la cámara de bancos. A las 15.30 arrancó una reunión en la sede de la entidad en la calle Perón y duró hasta cerca de las 17.


Según asistentes, además del dueño de Macro hubo representantes de los bancos Supervielle; Mariva; Galicia; Comafi; Hipotecario y el Ciudad, entre otros miembros de la cámara. El Patagonia también estuvo, pero su participación quedó en duda porque su principal accionista es el Banco de Brasil.


El propio Brito presentó su propuesta que a esas horas de la tarde consistía en pedir que las entidades colaboraran con fondos de su propiedad para poner una garantía de entre u$s 200 y u$s 250 millones.


Según participantes de la reunión, Brito presentó a la propuesta como un pedido de los fondos que no aceptaron los dos canjes de deuda que hizo la Argentina y ganaron un juicio por u$s 1.600 millones. Pidieron alguna garantía para de esa manera solicitar una medida cautelar al juez Thomas Griesa a fin de que el país esquive el default.


Hoy vencen los 30 días de gracia antes del default para el último pago del Discount, por u$s 539 millones, que está trabado desde el 30 de junio pasado por orden judicial.


La Argentina se negó a pagar el fallo por temor a la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) que impide pagar más a los holdouts que al 93% de acreedores que aceptaron los canjes 2005 y 2010, al menos hasta el 31 de diciembre próximo. La violación de esa cláusula podría disparar demandas por unos u$s 120.000 millones.


Según pudo reconstruir El Cronista, a los asistentes de la reunión de banqueros se les aseguró que el jefe del BCRA, Juan Carlos Fábrega, avalaría y facilitaría todo el proceso. Por ejemplo, los bancos que participaran y necesitaran comprar las divisas necesarias tendrían acceso ilimitado al mercado cambiario. Las entidades que estuvieran al límite de la exposición a moneda extranjera obtendrían el visto bueno de la entidad para superar ese tope.


Sin embargo, desde la autoridad monetaria negaron toda clase de vinculación con el plan: El Banco Central de la República Argentina no ha tomado conocimiento ni ha participado de ninguna propuesta relativa al conflicto con los fondos buitre.


El tema es delicado: si el Gobierno se involucrara en algún nivel en la propuesta, existiría la posibilidad de que se activen las RUFO. Por eso es que se maneja enteramente entre privados.


La solución ideada por Brito funcionaría de la siguiente manera. Los bancos juntarían un bono patriótico de entre u$s 200 y u$s 250 millones. Con ese dinero comprarían los títulos en default en manos de los buitres a valor de sentencia, es decir, cerca de un octavo de los u$s 1.600 millones en juego. El dinero lo recuperarían en enero, cuando libre de la RUFO el Gobierno cancele el pago. La ganancia para los participantes, aseguraban ayer, estaba en la disparada del valor de los patrimonios de las entidades que resultaría de un final negociado.


Prácticamente todos los asistentes acordaron participar en el fondo y salieron del encuentro con rumbo a reuniones en sus propias empresas. Por la noche, Adeba envió un representante a Nueva York con autoridad para presentar el plan a los fondos buitre e, incluso de modificarlo tanto en su forma como en su monto.