Los proyectos que se discuten en el Congreso plantean contradicciones en el frente de los ingresos. Mientras que se discute un Presupuesto que plantea un crecimiento de la recaudación del 11%, el paquete de la reforma laboral cede recaudación de 0,83%/PBI, donde la baja de contribuciones patronales representaría un 0,5%/PBI según quienes analizan en el día a día las partidas presupuestarias.
El Gobierno trabaja con la premisa de que la mejora el crecimiento de la actividad económica hará que la recaudación crezca. Pero si eso no se cumple, habrá que recurrir a un ajuste extra.
El artículo 1 del Proyecto de Presupuesto 2026 establece un resultado financiero deberá ser equilibrado o superavitario también en el próximo ejercicio. De acuerdo con lo negociado con el Fondo Monetario Internacional, para el año próximo se prevé un resultado primario del 1,5% del PBI y un financiero del 0,3% del PBI para el Sector Público Nacional para 2026.
“Implica un leve relajamiento respecto a la meta autoimpuesta para 2025, que establece un superávit primario del 1,6% del PBI”, planteó la consultora LCG, que analizó el impacto de las recientes medidas como la baja de retenciones para el año a partir de 2026, que tendrán un peso de 0,1%/PBI y sumó el costo de los paquetes de leyes como la Modernización Laboral. La reforma tributaria, que se trataría en extraordinarias en febrero, que todavía no se conoce, también impactará en el Presupuesto 2026.
El costo fiscal y el optimismo de la reforma laboral
Uno de los puntos es el caso del fondeo al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que está en la reforma laboral, que plantea una reducción de 3 puntos porcentuales (pp) en la contribución patronal para los empleadores con destino al SIPA. “Los recursos desviados al FAL implicará la pérdida por aproximadamente 0,54% del PBI para el fisco en un año”, enfatizó LCG.
Sin fuentes de financiamiento alternativas, a priori los economistas plantean que las medidas que se introducen en las reformas implicarían un ajuste extra del gasto del 0,38%/PBI, calculó la consultora.
Entre los argumentos del ejecutivo está que la mayor formalización laboral permitirá captar los fondos necesarios para no incurrir en un mayor ajuste. Pero esto implicaría “un aumento del empleo formal del 16% respecto a los 9,6 millones de asalariados formales públicos y privados de hoy. Es decir, en el próximo año deberían registrarse 1,5 millones de trabajadores”, de acuerdo con las estimaciones de LCG.
La meta oficial es ambiciosa: “implicaría asumir un recorte de la tasa de informalidad entre los asalariados de casi 10 puntos porcentuales: pasaría de 37,7% en el segundo trimestre a 27,9%”, agregan los economistas.
Según consignó El Cronista esta semana, el capítulo fiscal de la reforma laboral tendría un impacto del 0,83% del PBI entre incentivos tributarios: baja en el impuesto a las Ganancias corporativo (0,2%) y la eliminación de algunos impuestos internos (0,1%) y la baja de contribuciones patronales según las estimaciones de la consultora Invecq.
Las inconsistencias de las leyes que se debaten en el Congreso
Los proyectos que se discuten en paralelo plantean otras inconsistencias, según los especialistas en materia presupuestaria.
Uno de los puntos es el artículo que plantea la derogación de las leyes de financiamiento universitario y discapacidad, que no prosperó en Diputados. “El Presupuesto es una ley anual. Si no media un cambio en la legislación permanente, es una medida solo por un año”, planteó un especialista sobre la “chicana” que introdujo el Gobierno sobre dos puntos que generaron fuerte controversia este año y álgidos debates legislativos, además de movilizaciones masivas.
Los especialistas también plantearon la falta de definiciones sobre la reforma tributaria más allá de lo que se plantea en la laboral. El nuevo proyecto modificará sensiblemente el Presupuesto 2026, lo que vuelve a poner sobre la mesa el uso de decretos de necesidad y urgencia para generar correcciones, un punto que le resta credibilidad al Presupuesto.
La ley que rige a la administración nacional de forma anual es habitualmente considerada como “un dibujo”, tanto sea por los supuestos macroeconómicos como por las habituales reasignaciones. En lo macro, el Presupuesto enfrenta ya un nuevo esquema de actualización de la banda cambiaria por inflación que además podría tener un eventual impacto en precios.
Otro de los puntos que se cuestiona es que las modificaciones impositivas entren por Senado y no por Diputados, por donde deben tratarse los temas impositivos, si no se trata de la creación de nuevos impuestos.
