Avanza contra reloj la conformación del fideicomiso con el que se financiará las obras de Participación Público Privada (PPP). La orden de la Casa Rosada es anunciarlo esta semana en paralelo a que las empresas ganadoras de las primeras concesiones arranquen las obras.

En ese camino, ayer se conoció la decisión de parte del Gobierno de ceder la jurisdicción nacional, en caso de litigios con los consorcios, y depositarla en los juzgados de New York.

Así quedó establecido en el decreto 1039/2018 publicado ayer en el Boletín Oficial que aprueba la inclusión en los contratos de PPP "de cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales extranjeros con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958), en los casos que el o los beneficiarios de éstos sean residentes en el exterior".

La decisión generó críticas de parte de los sectores que señalan que los PPP están generando una nueva deuda para el Estado nacional ya que entienden que abre la puerta a posibles demandas multimillonarias en juzgados internacionales.

Consultados por la decisión, en el entorno de Francisco Cabrera, presidente del Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE), que tiene a su cargo el fideicomiso de los PPP, se explicó a El Cronista que era necesaria la jurisdicción en los Estados Unidos "porque replica la cláusula del contrato de PPP que ya preveía la prórroga de jurisdicción y el Fideicomiso es un acuerdo complementario al contrato".

Desde la entidad explicaron que el decreto sirvió para "terminar de consolidar el marco legal para la aprobación de un Fideicomiso cuyo objeto será canalizar los fondos captados del mercado financiero nacional e internacional, a fin de ofrecer facilidades crediticias a los Contratistas PPP que así lo opten, para el comienzo de las obras de autopistas y rutas seguras previsto durante este mes, en el marco de los primeros contratos de Participación Público Privada".

"El decreto es un paso fundamental para que se apruebe la estructura del fideicomiso, al reglamentar el artículo 60° de la ley 27.431 estableciendo que el fideicomiso tendrá por objeto tomar préstamos o asumir cualquier otro tipo de financiamiento para la ejecución de los contratos", agregaron.

Lo que busca el fideicomiso es "juntar" los u$s 1200 millones necesarios para financiar las obras durante el primer año y, según confiaron fuentes cercanas a las negociaciones, en las últimas horas se sumaron nuevas entidades financieras. No serían solo seis, como informó ayer este diario. "Hay bancos locales, pero también hay entidades financieras de China, de Europa y de los Estados Unidos", .

Pero el decreto no sólo establece el cambio de jurisdicción sino que también le deja la posibilidad al Ministerio de Transporte, que es el órgano que actúa como fiduciante del fideicomiso, que "pueda disponer de fondos provenientes del impuesto al gasoil, no afectados a pagos anteriores, como eventual fuente de liquidez de última instancia, temporaria, y que luego será reintegrada".

Este dato no es menor teniendo en cuenta que el repago trimestral al privado está sujeto al otorgamiento de certificados de avance de obras que se hará con bonos en dólares fondeados a través de fideicomisos Sistema Vial Integrado (Sisvial) un fideicomiso fondeado con la recaudación de impuesto al gasoil.

En julio pasado, mediante el decreto 301/2018, el Gobierno dispuso que a partir de 2020 la totalidad de lo que recaude el Sisvial -ahora es 98% para infraestructura y 2% para subsidios- se destinará al pago de PPP. En ese momento, previo a las fuertes subas del combustible, eran $ 20.000 millones para este año.

La posibilidad de plantear una jurisdicción externa se suma al beneficio de modificar el pago del IVA para los proveedores, realizar importaciones temporarias de maquinaria sin costo y suba de peajes que reaseguren el flujo.