El FMI acordó que el superávit fiscal de este año deberá ser del 1,6% del PBI, una meta que había fijado el Gobierno, mientras que el organismo había en un primer momento establecido que sería del 1,3%. El recorte de impuestos implica que deberá profundizarse la baja del gasto para alcanzar ese objetivo.

El organismo plantea que, para alcanzar este superávit mayor al planteado inicialmente, deberán endurecer los controles del gasto y mejorar la eficiencia en la administración de los programas sociales. "Esto se verá facilitado por controles que mejoren la elegibilidad de las pensiones por discapacidad y de la Asignación Universal por Hijo (AUH)" a través de la integración de los datos sociales en un único registro.

El objetivo es controlar la cantidad de beneficiarios de las prestaciones. Cabe aclarar que los fondos destinados a la AUH aumentaron en lo que va del año un 29,8%, mientras que el monto de la asignación junto a la Tarjeta Alimentar aumentó más de 400% y se acercó a cubrir la canasta básica alimentaria.

El organismo además fijó como objetivo que la AUH debe mantener una cobertura del 95% de la canasta básica alimentaria.

Para diciembre de este año, el Gobierno deberá haber completado la integración de las bases de datos relevantes en un solo registro de datos sociales (el Sistema de Indicadores Sociales, SIS), con asistencia técnica del Banco Mundial para "mejorar la eficiencia y la focalización de la asistencia social".

Otra de las alternativas acordadas con el FMI es "resistir nuevas iniciativas de gasto sin financiamiento, en especial considerando que el gasto primario va a crecer un 7% en términos reales este año". La consideración del FMI se alinea con el veto presidencial al aumento de las jubilaciones, el bono previsional y la ley de discapacidad. Según el oficialismo, el gasto total en estas leyes asciende a 0,9% del PBI para este año.

Otro flanco de recorte son los subsidios a la energía, para lo que además sugieren acercar las tarifas al costo acompañado por la mayor competencia en el mercado mayorista de electricidad, que debe tener avances concretos para noviembre de 2025.

Por último, pide que se avance en una reforma previsional que deberá presentarse para diciembre de 2026 y tendrá como objetivo "simplificar el sistema actual fragmentado y mejorar la proporcionalidad entre las contribuciones y los beneficios".

El Gobierno aumentó la apuesta y se comprometió a profundizar los recortes en caso de considerarlo necesario: "Es importante destacar que estamos dispuestos a recortar el gasto discrecional en caso de que los ingresos resulten inferiores a lo previsto, y a seguir rechazando cualquier iniciativa de gasto que intente comprometer nuestra estabilidad fiscal".

Por el lado de los ingresos, también plantea condicionantes para cualquier reducción de impuestos que estará condicionada por la compensación de ingresos a las ganancias permanentes o a los recortes del gasto para preservar el ancla fiscal. En este mismo sentido planteó una simplificación del sistema tributario.

Lo cierto es que muchas de las áreas señaladas fueron objeto de grandes recortes durante el año pasado, pero ya demuestran un límite en el recorte.

El recorte en jubilaciones fue gran parte del superávit de 2024, explicando 8,7 puntos porcentuales del recorte tras una caída en total del gasto en prestaciones del 17%. Pero las jubilaciones se actualizan desde el año pasado por inflación, lo que permitió que tuvieran aumentos en los haberes, aunque con dos meses de atraso, mientras que durante este año se estancó la baja de la inflación con algunas subas mensuales.

Otra de las áreas que muestra un límite es la obra pública. Durante 2024, el gasto en inversiones de capital se contrajo un 73,9% real interanual, según analizó la Oficina de Presupuesto del Congreso. En lo que va del año, el recorte se contrajo en gran parte por el nivel de comparación. En el primer semestre del año, el gasto en este rubro se contrajo un 31,5%. Los subsidios económicos se contrajeron 37,8% en el año.