El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) presentó una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad de dos artículos clave de la reforma laboral (ley 27.802), al considerar que afectan directamente el ejercicio profesional de los abogados laboralistas. La demanda apunta contra los artículos 10 y 56 de la norma, que modifican disposiciones centrales de la Ley de Contrato de Trabajo. Según el planteo, estos cambios no solo alteran reglas del proceso laboral, sino que introducen restricciones que impactan en la libertad de trabajo y en el cobro de honorarios profesionales. El primero de los puntos cuestionados es el artículo 10, que modifica el régimen de gratuidad del proceso laboral. Si bien mantiene el principio de que el trabajador no paga costas, introduce una novedad: en caso de “pluspetición inexcusable” —es decir, cuando el reclamo se considera sobredimensionado—, las costas pueden ser impuestas no solo al trabajador sino también al abogado en forma solidaria. El CPACF que encabeza Ricardo Gil Lavedra advierte que la reforma cambia el criterio tradicional. Antes, la sanción dependía de una conducta subjetiva (temeridad o mala fe). Ahora, la ley establece un criterio objetivo: basta con que el juez considere que hubo una sobreestimación del reclamo. Según los abogados, esto genera un efecto disuasivo, ya que condiciona la estrategia de litigio y expone a los profesionales a asumir costos del proceso. El segundo artículo cuestionado es el 56, que modifica la forma de pago en los juicios laborales. Entre otras cuestiones, dispone que las sentencias puedan abonarse en cuotas —hasta seis en grandes empresas y hasta doce en pymes— y fija un tope del 25% para el total de costas y honorarios. Para el Colegio, esto implica una doble afectación. Por un lado, habilita el pago diferido de los honorarios, que en el fuero laboral ya se perciben recién al final del juicio. Por otro, limita su monto, lo que —sostienen— vulnera el derecho de propiedad y coloca a los abogados laboralistas en una situación desigual respecto de colegas de otros fueros. La presentación también advierte que estas modificaciones pueden impactar en el acceso a la justicia, al desalentar la litigiosidad y restringir el asesoramiento profesional en conflictos laborales. Con este planteo, el CPACF busca que la Justicia suspenda la aplicación de ambos artículos y declare su inconstitucionalidad, en un caso que podría tener efectos sobre todo el sistema laboral.