Las idas y venidas con la Ley de Inocencia fiscal volvieron a reactivarse con la salida de su cargo del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Stark. El recambio es sugestivo en la medida en que el Gobierno está tratando por ahora infructuosamente de poner en marcha la ley a pesar de la incomodidad de los bancos del sistema que, a pesar de comulgar con el espíritu de la norma, no pueden satisfacer la urgencia oficial a no ser que se cambien determinadas normativas.
La ley, que apunta a que dólares del colchón fluyan al sistema financiero para fondear más crédito pero, sobre todo, para que apuntalen las reservas internacionales, pone en un brete a los bancos que están obligados a cumplir normativas de requisitos de información por normas de ARCA y de la propia UIF. La ley de Inocencia Fiscal libera de la exigencia de declarar el origen de los fondos, pero otras reglamentaciones penalizan a los directivos que no lo hicieran.
La salida del titular de la UIF trae a colación las reglamentaciones pendientes para la puesta en marcha efectiva de la Ley de Inocencia Fiscal
Aunque aminoró transitoriamente la polémica, el ministro de Economía, Luis Caputo, había cargado con dureza contra los bancos y, urgido por los dólares, llegó a postear en las redes: “Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación...”, sugirió. Luego, la ley también aplica para la principal entidad. Y todavía sigue esperando a las normas de UIF y de ARCA, que se prometían como inminente.
La virulencia de Caputo hacia el sistema financiero -no era la primera vez- sorprendió al mercado, que empezó a metabolizar las necesidades del ministro. Pero, a la luz de lo que sucede en los EE.UU. no deberían sentirse maltratados.
Sin solución de continuidad, por ejemplo, el JP Morgan, el principal banco de inversión del mundo, paso del paraíso al infierno de Donald Trump. En esta misma semana, su CEO, Jamie Dimon, quien visitó la Argentina hace menos de tres meses para dar su apoyo a Javier Milei y esbozar que coordinaría un préstamo para el país de un grupo de bancos a instancias del Tesoro de los EE.UU., apareció nominado para reemplazar a Jerome Powell al frente de la Fed, cuando finalmente el mandatario logre deshacerse de él en mayo próximo. Después de las amables desmentidas de rigor a la versión que mencionaba incluso una oferta efectuada en la Casa Blanca, ayer mismo Trump cargó con toda la furia contra el banquero que compartía con él presencia en el Foro de Davos.
Trump demandó a JP Morgan, a cuyo CEO Jamie Dimon se mencionó como candidato a encabezar la Fed, por u$s 5000 millones por “desbancarizarlo”
Trump presentó una demanda contra JP Morgan y Dimon por u$s 5000 millones acusando a la entidad de dejar de ofrecerle servicios bancarios por motivos políticos, de “desbancarizarlo” y discriminarlo por motivos políticos. Unas horas antes, también había acusado a la banca en general de lucrar con las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Y le pidió al congreso que limitara por un año las tasas de financiamiento al 10%. Dimon fue uno de los que se opuso a la iniciativa porque retraería el consumo. Ahora, Bank of America y Citi están explorando emitir nuevas tarjetas que cobren solo 10% para segmentos específicos, de modo de congraciarse con la Casa Blanca.
El enfrentamiento con la banca huele a campaña electoral de medio término, donde Trump debe remontar a una opinión pública adversa. Los bancos quedan en el medio de las necesidades políticas. En todo el mundo.